El Gobierno echa para atrás cerca de la mitad de solicitudes de Ingreso Mínimo Vital que se cursan en Zamora. Así se desprende de los datos, detallados por provincias, facilitados por el propio Ejecutivo nacional a Carles Mulet, senador de Compromís, que se interesó por ellos en una pregunta presentada en el Senado. Hasta finales del pasado mes de diciembre, siempre según la tabla estadística, en Zamora se habían analizado 1.163 expedientes presentados por familias interesadas en recibir el Ingreso Mínimo Vital. De ellos, 619 fueron aprobados y 544, denegados. Llevados a porcentajes, estos números quieren decir que el 53% de los expedientes recibieron el visto bueno y que el 47% fueron rechazados.
Los datos evidencian también que muchos de los expedientes presentados durante los últimos meses todavía no han sido analizados, lo que demuestra que existe un importante atasco a la hora de evaluar los datos presentados por las familias. Siempre con los datos del mes de diciembre, que son los facilitados por el Gobierno al senador de Compromís, puede decirse que en la provincia se han presentado 2.878 expedientes. Algunos de ellos, 205, estaban duplicados, lo que deja en 2.673 los expedientes finales. De estos solo se han analizado 1.163. Es decir, queda más trabajo encima de la mesa del que se ha despachado en los últimos meses.
Por lo demás, y por lo que respecta a Zamora, 1.275 beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, con la prestación reconocida antes del mes de septiembre, eran adultos, mientras que más de 860 eran niños. Hay más beneficiarios que expedientes porque en muchas ocasiones el mismo expediente afecta a más de una persona.
Compromís ya disponía de los datos aportados en noviembre a una pregunta similar, “que demostraban el caos en la gestión de esta ayuda”, pero del cual el Gobierno evitaba aportar los datos exactos de la gente, que teniendo reconocida y aprobada la ayuda, no la habían recibido. “Ahora, el Gobierno con fecha 3 marzo, aporta unos datos que son idénticos a los publicados a principios de diciembre, a pesar de haber pasado 4 meses. Se entiende que el Gobierno ha falseado la respuesta y de nuevo viola su obligación de control parlamentario”, apuntan desde Compromís.
Los datos coinciden con los últimos aportados por el Gobierno, que indican que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha reconocido a casi 160.000 hogares el Ingreso Mínimo Vital. De esta manera, la prestación llega ya en diciembre a más de 460.000 personas, de las que el 47% son menores, según anunció en su día el ministro de Seguridad Social.
El Gobierno introduce medidas para facilitar los trámites
Por lo demás, cabe destacar que hace una semana el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto Ley en el que se incluyen medidas para facilitar el acceso al Ingreso Mínimo Vital a personas vulnerables. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones propuso estas medidas tras una primera evaluación del alcance de la prestación y tras haber mantenido reuniones con entidades del tercer sector, que han analizado las dificultades de acceso. En concreto, la primera de las medidas va destinada a facilitar el acceso a personas sin hogar. La nueva norma suprime el límite de titulares por vivienda para personas en situación de sinhogarismo o que residen en centros residenciales de carácter no permanente, además de reconocer la realidad de personas en situación de vulnerabilidad que se agrupan en una misma vivienda.
Además, se ha introducido el concepto de unidad de convivencia independiente (familia nuclear) en casos de mujeres violencia de género, divorcio o separación, así como afectados por desahucio o inhabitabilidad para permitir el acceso a la prestación. Los dos últimos con límite temporal (la consideración expirará al tercer año) para que una situación sobrevenida no influya en el derecho a IMV. Finalmente, también se posibilita que en otras situaciones de convivencia complejas la acreditación de la unidad de convivencia pueda ser certificada por los servicios sociales, entidades colaboradoras del IMV y el tercer sector social subsidiaria y transitoriamente. Esta solución es similar a la planteada por muchas comunidades autónomas a la hora de acreditar las unidades de convivencia para acceder a sus programas de rentas mínimas.
