El comportamiento que ha tenido hasta ahora el jefe de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Zamora, Alberto Vega, investigado por delitos de corrupción, entre ellos blanqueo de dinero, malversación de caudales públicos e irregularidades en la contratación de inversiones en su área, tuvo un importante peso en la decisión de la Fiscalía Provincial para no solicitar la prisión preventiva del funcionario. No obstante, la acusación pública se sumó a la petición de una fianza lo suficientemente elevada como para hacer frente a las cantidades económicas que pudiera demostrarse que consiguió desde su puesto de trabajo en la institución local, si finalmente se condena al empleado público. Una cantidad que la instrucción policial estimaría en más de 80.000 euros, según los datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno.
El Ministerio Público descarta el riesgo de fuga, puesto que el empleado está personado en la causa judicial abierta desde hace casi un año en el Juzgado número 5 de Zamora sin dar muestras de eludir la justicis. La denuncia de la viceinterventora del Ayuntamiento por quebranto a la hacienda pública por la compra de gasolina con fondos municipales para uso particular se interpuso a octubre de 2019; y la Fiscalía remitió en otoño pasado a ese mismo órgano judicial la denuncia del Consistorio por malversación de caudales públicos, falsedad documental e irregularidades en contrataciones, entre otros delitos. La acusación pública ha tenido en consideración que el acusado ha comparecido cuando se le ha requerido por parte de la Justicia durante la primera fase de la instrucción de la causa que tiene su origen en el expediente informativo municipal abierto en noviembre de 2019. La fuentes consultadas han indicado que la Fiscalía considera que no existen motivos para pensar que Vega Vicente pueda fugarse ni destruir pruebas, según las fuentes consultadas por La Opinión-El Correo de Zamora. El Ministerio Público exige la comparecencia del acusado cada quince días en el Juzgado para que exista un control sobre el funcionario, que carece de antecedentes penales y policiales.
