Las denuncias de padres a hijos por agresiones han continuando creciendo significativamente desde julio, tras la “tregua” que pareció dar el confinamiento, como atestigua que más del 50% del total de las 15 medidas impuestas en todo el año sea para proteger a progenitores o tutores de adolescentes, “penas” que el magistrado de Menores ha dictado tras juzgar las denuncias por agresiones físicas, con lesiones leves, por maltrato psicológico o por amenazas.

Las seis denuncias que se registraron en agosto, finalizado el “encierro” preventivo para frenar la propagación del COVID-19, ya marcaban una tendencia al incremento de conductas agresivas de menores hacia sus progenitores, que superan las ocho, una estadística que deja fuera a los niños y niñas que tienen hasta 14 años, denuncias que archiva directamente la Fiscalía porque Ley del Menor no les considera penalmente responsables de sus actos.

La convivencia en grupo educativo y la libertad vigilada son las medidas que el juez usa de forma más común, a petición de la Fiscalía. La primera de ellas tiene por objeto que el adolescente aprenda e interiorice normas que le permitan insertarse en la sociedad cuando sea adulto, en definitiva, que aprenda a vivir en grupo, es decir, sin generar conflictos, aceptando la frustración como parte de la vida y, por tanto, a controlar los sentimientos de ira o decepción, los impulsos. Además. estas medidas les ayudan “a integrar las obligaciones que tienen como hijos”, como ya ha explicado en numerosas ocasiones desde la Fiscalía de Menores que instruye las causas.

Uno de los casos más graves denunciado en 2020 fue el protagonizado por un adolescente que agredió a su tutora, una familiar directa, que tuvo que ser atendida de fractura en un brazo. La mujer había recriminado al adolescente que no cumpliera el horario de llegada a casa. El juez ordenó su internamiento en régimen simicerrado en el centro especial para Menores de Zambrana durante seis meses, prorrogables a otros tres, lo que le permite salir del centro únicamente para acudir a clases.

Las peleas entre los menores, tanto entre niñas como entre niños, son otra de las causas que motivaron el mayor número de expedientes iniciado por la Fiscalía y resueltos en el Juzgado, que recibió 65, según fuentes judiciales.

Los robos de móviles y los hurtos en general han descendido, así como otros delitos. La única explicación que parece tener base son las restricciones horarias, que han reducido considerablemente la presencia de los adolescentes y los menores de edad en la calle. El cierre de locales a los que acudían para reunirse y de los de ocio nocturno han contribuido a esa bajada, así como a la reducción significativa de lesiones por peleas, puesto que hay menos concentración de adolescentes en la vía pública y en establecimientos hosteleros o de otro tipo de actividades en los que se reunían los menores para socializar antes de la pandemia.

La conducción de vehículos sin carné, especialmente en el medio rural, para realizar recorridos pequeños a fincas de labor o explotaciones de animales, es otra de las conductas que continúan provocando la apertura de expedientes a menores, si bien cada vez la infracción es más residual. Los infractores suelen ser menores que están a punto de cumplir la mayoría de edad, a los que se les impone la obligación de acudir a una academia para obtener el carné de conducir y a una medida de libertad vigilada.

RESTRICCIONES POR EL COVID Y LA DURACIÓN DE LOS “CASTIGOS”

La pandemia ha reducido de forma importante la vida social de los menores de edad, una circunstancia que ha llevado a la Fiscalía General de Estado a recomendar que se tengan en cuenta las restricciones de horarios impuestas para evitar contagios del COVID-19 cuando se vaya a establecer una medida cautelar para reconducir a los adolescentes que han cometido algún tipo de infracción. En una comunicación interna, se pide a los fiscales de Menores, encargados de investigar las infracciones de este colectivo y de solicitar al juez medidas para reconducir su conducta, que se valore de forma especial la duración de las mismas, puesto que los adolescentes ya pasan más horas de las que eran habituales en sus domicilios debido a la pandemia. De modo que, cuando sea posible insta a reducir el tiempo de duración de las medidas y, cuando son de internamiento en el centro de Zambrana, siempre tras analizar la evolución que el adolescente ha tenido. Hay que tener en cuenta que esas medidas pueden, asimismo, ampliarse si los informes de los técnicos del Servicio de la Unidad de Intervención Educativa son negativos, ya que estos profesionales son los que ejecutan las medidas impuestas por el juez de Menores. Por último, a quienes cometieron infracciones a unos meses de cumplir la mayoría de edad, las medidas cautelares se les suele cambiar por trabajos en beneficio de la comunidad si están ya trabajando o han reconducido su vida.