Como órgano fundamentalmente administrativo y jurídico, el Consejo Consultivo de Castilla y León en Zamora ha logrado su propósito de incrementar en una plaza más el número de letrados, especialistas en derecho, un jurista más para agilizar la tramitación y resolución de los numerosos asuntos que recibe. El Consejo ha logrado que se habilite esa plaza en el presupuesto de 2021, necesaria porque “la materia de contratación, sobre todo, es muy, muy especializada y compleja”, justificaba el presidente del Consultivo, Agustín S. de Vega.
El importante número de causas de este tipo que llega al órgano autonómico es importante, 622 en 2019, así como más de 200 recursos a tribunales, “el crecimiento se movía entre el 30% y el 40% respecto de 2018”. El presidente explica que “la mayor conciencia de las administraciones, en general, con respecto a la función consultiva del Consejo” está detrás de esa creciente actividad, de hecho, en 2020 ha habido varias solicitudes de informes de ayuntamientos, tal y como permite la Ley del Consejo a los municipios para establecer un criterio jurídico en asuntos diversos, como urbanísticos, de consorcios o de concejales no adscritos. Esa norma abre la vía del asesoramiento y los consistorios piden orientación y criterio sobre tales cuestiones, “nos van viendo como autoridad jurídica”, abunda De la Vega. Es consciente de que en el 2020, marcado por el COVID, disminuirán las causas, pero crecerán con la normalidad.
