La falta personal de seguridad en los juzgados de la provincia, en Toro y en Puebla de Sanabria fundamentalmente, puso ayer en pie a jueces, fiscales, forenses, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios del Ministerio para exigir protección que garantice su integridad física ante posibles agresiones ciudadanas, como la sufrida por una juez segoviana, a la que un ciudadano le clavó con un destornillador.

Tras la concentración celebrada ayer para hacer pública la repulsa al ataque de Segovia y la reivindicación de esas medidas, en la que participaron una treintena de empleados de personas, el presidente de la Audiencia Provincial, Jesús Pérez Serna, y la juez decana, Isabel Aguado García-Luján, transmitieron “mucho ánimo” a la titular del Juzgado del Juzgado de Santa María, que se encuentra en la UCI pero fuera de peligro, “que sepa que no está sola”. El acto sirvió para denunciar, una vez más, que “no hay medidas de seguridad” en ese tipo de juzgados, a pesar de que “las venimos reivindicando desde hace años” y fijar el foco en “la necesidad de implantarlas”, explicó la decana.

Aguado confía en que este reciente suceso, que no es un hecho aislado, “sirva para concienciar” al Ministerio de la importancia de que todos los edificios judiciales de la provincia de Zamora dispongan de vigilancia presencial para preservar la integridad física de los jueces y del resto de trabajadores públicos. El mecanismo puede ser la contratación de una empresa privada o el destino de agentes de la Guardia Civil, o ambas opciones, como se dispuso hace varios años en el Palacio de Justicia y en la Audiencia de Zamora.

Los empleados públicos piden vigilancia presencial para Toro y Puebla

Pérez Serna se pronunciaba en términos similares al dejar constancia del “rechazo tajante” a lo que considera “un ataque personal y al sistema constitucional que nos tenemos concedido”. El presidente de la Audiencia abundaba que “siempre hay alguien al que no le gusta” la decisión judicial que le concierne, si bien en Zamora “no ha habido algo tan grave” como en el suceso de Segovia. La juez, integrante de la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, precisó que el asunto ya se ha abordado en ese órgano para pedir “que se solvente la deficiencia”. La magistrada representante de los jueces zamoranos declaraba que la presencia de personal de seguridad “puede actuar como un elemento disuasorio” para quien se acerque a los juzgados en actitud agresiva y “evitar ataques” contra el personal “que pueden perpetrarse a las puertas de los juzgados” o en su interior, como ocurrió hace unos años en el número 3 de Zamora, cuando un detenido rompió una puerta e intentó pegar al magistrado. Remarcaba el especial riesgo para sedes en las que hay más de una planta, como en Puebla, “donde no se ve si alguien entra” al inmueble. Aunque “no es lo habitual, pero estamos muy expuestos, hay personas que están un poco al límite y nosotros ejercemos una función que a veces desagrada a algunos ciudadano”.