La Fiscalía de Zamora volvió a pedir los 48 años de prisión y 20 de inhabilitación para su profesión para el guardia civil acusado de agredir sexualmente cuatro veces a una menor de 9 años en su vivienda del cuartel de Puebla de Sanabria, al tiempo que recriminaba a la defensa del imputado -de iniciales R.A.M.- que “haya intentado retratar a una niña de vida poco decorosa”. La fiscal quiso hacer especial hincapié en que la víctima “es una niña de 9 años” y afirmó con contundencia que su único objetivo es “proteger la libertad e indemnidad sexual de la menor, que no tiene conocimiento de lo que es el sexo”.

El Ministerio Público insistió ante la Audiencia Provincial en que “no se puede afirmar que la niña miente y que cuenta las cuatro felaciones por el entorno social y las circunstancias familiares en las que vive”, a pesar del empeño de la defensa por describir a “una niña que nada tiene que ver con las de 9 años, una mentirosa, agresiva y vengativa” porque el acusado le negó gominolas o no le ayudó cuando le dijo que no quería ir con sus abuelos paternos a Logroño.

La acusación particular exige las mismas penas que la Fiscalía y subraya que la credibilidad de la niña “no es un acto de fe, sino que existen informes periciales que dicen que no miente, sino que las agresiones son algo vivido y real”.

El Ministerio Público volvió a apoyarse en esos informes de los forenses y del equipo psicosocial de los juzgados para sostener que el imputado obligó a la menor a realizarle las cuatro felaciones. Los expertos afirmaron que la declaración de la niña fue “espontánea y no inducida”, “no fue fabulación”. Justificó que “es normal que con 9 años la declaración vaya perdiendo en el tiempo el contenido aleatorio, detalles”, como explicaron forenses y psicóloga que describieron a una niña “con vergüenza” y “con tendencia a no querer recordar” por el dolor que sentía.

Eso explicaría que confunda los relevos que pediría el acusado para subir con la menor a su piso y cometer los supuestos abusos, y a quiénes sustituían al supuesto agresor sexual, información en la que se basa la defensa para sujetar el argumento de la mentira. La fiscal llegó a apuntar al “corporativismo” de los guardias que “carecen de cualificación profesional para determinar que la menor miente”. En esos términos declaró ayer uno de los instructores del caso, testigo de la defensa, tras no hallar en el teléfono móvil y el ordenador del imputado vídeos pornográficos, a los que otros guardias indicaron que era aficionado. El abogado solicitó la absolución “para reparar el daño” de su defendido de 48 años, en prisión preventiva desde junio de 2019, y pidió que se investigue al abuelo por “el abandono en el que mantiene a la niña”, al que acusó de inducir la denuncia para conseguir dinero para pagar sus deudas y por su adicción a la droga. El imputado cerró ayer la vista oral: “Espero que esto acabe cuanto antes para rehacer mi vida y mi honor”.