Las escuelas concertadas de Zamora consideran que la nueva ley educativa aprobada el jueves en el Congreso de los Diputados, denominada como “Ley Celaá”, les sitúa en la diana y amenaza la libertad de elección de los padres. Por ello, anuncian movilizaciones que tendrán lugar cada jueves durante el mes de diciembre ante la Subdelegación del Gobierno de Zamora como medida de protesta contra una ley que “pone nuestro modelo educativo en entredicho”, según asegura el delegado de Enseñanza de la Diócesis de Zamora, Juan Carlos López.

La nueva ley educativa, que será la octava de la democracia española, modifica los criterios de admisión, que se supeditarán a la cercanía del domicilio o a la disponibilidad de plazas, tanto en centros públicos como concertados. Esto supone, según remarca López, que “desaparece el concepto de demanda social y la libertad de elección de los padres porque será la administración la que decida donde tendrán que estudiar sus hijos”. Según matiza, “esto afecta tanto a colegios públicos como privados, ya sean de ideología religiosa o de otros modelos educativos” porque, tal y como subraya, “se crea una escuela única pública, no sólo como derecho, sino como una obligación”.

Otro de los puntos de la modificación de la ley educativa, que responderá a las siglas Lomloe, que más afectan a este tipo de centros es la restricción de los pagos aportados por las familias. La falta de estas contribuciones, según apunta López, puede llegar a comprometer la viabilidad de los colegios concertados, que dedican este dinero a gastos de mantenimiento, calefacción o equipamiento tecnológico.

Opiniones

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La nueva ley educativa también afecta a la asignatura de Religión, que dejará de contar en la nota media del expediente, “por lo que dejará de ser equiparable a las demás materias”, según mantiene el delegado de Enseñanza de la Diócesis de Zamora

Sin embargo, la prioridad que se otorga a la enseñanza pública frente a la concertada es uno de los pocos aspectos de la nueva ley que aplauden los sindicatos de profesores de la provincia. Otra de las cuestiones de la nueva normativa educativa que más preocupa al profesorado zamorano es la mayor permisividad que, según apuntan, facilita la “Ley Celaá” respecto a los suspensos. La nueva ley prevé que solo se pueda repetir una vez en primaria y dos como mucho en toda la enseñanza obligatoria, además de permitir que se pueda obtener el título de Bachillerato con un suspenso de forma excepcional si hay un consenso entre los profesores. “Se está favoreciendo la cultura del mínimo esfuerzo sin contribuir a solucionar el problema de fracaso escolar”, cuestiona Pedro Calbarro, del CSIF.

Entre las reacciones políticas ante la aprobación de la nueva ley educativa se encuentra la del PP de Zamora, que ha anunciado que presentará en el próximo Pleno del Consistorio de la capital una moción contra esta ley, que supone “un menoscabo en la libertad de los padres a la hora de elegir la enseñanza que quieren ofrecer a sus hijos, un ataque frontal al español como lengua común de todos al hacerla desaparecer como lengua vehicular en algunos territorios y, por último, un retroceso social al suprimir los centros de educación especial”.Los sindicatos de profesores de Zamora se muestran muy críticos con otro de los aspectos más polémicos que también incorpora la nueva ley educativa, como la inclusión de un apartado dedicado a la valoración de la actividad del profesorado que abre la posibilidad de apartar a docentes que muestren un bajo rendimiento continuado. “Es un arma muy peligrosa que deteriora mucho la imagen del profesorado y que además se ha incluido sin negociar ni contar con el profesorado”, critica Pedro Calbarro, responsable de Educación del CSIF. Por su lado, Domingo Payo, delegado provincial de Aspes, considera que “no es el momento de incorporar esta opción y someter al profesorado a una mayor incertidumbre, nos parece una medida exagerada y desmedida”. En este sentido, destaca “el buen nivel y la implicación del profesorado de Castilla y León”, por lo que cree que esta medida solo debería aplicarse en casos puntuales.

También muestra su rechazo a los nuevos criterios de designación de inspectores, que “ya no serán elegidos por oposición ni por méritos, sino que serán nombrados a dedo”.