Nueve mujeres permanecen bajo protección policial en Zamora para evitar a sus proxenetas desde que entraron en contacto con la Policía Nacional durante el confinamiento para denunciar su explotación sexual. En la actualidad, existe un programa de asistencia a víctimas de este delito al que pueden acudir “sin miedo, se les ayudará”, subrayó el subdelegado del Gobierno central en Zamora, Ángel Blanco, que incidió en el papel desempeñado por las ONG’s durante el estado de alerta sanitaria como intermediarias entre estas personas y la Subdelegación y policía. Blanco volvió a referirse al uso de pisos para ejercer la prostitución, por lo que la colaboración ciudadana es imprescindible para detectar estas situaciones de explotación sexual. El inspector jefe de la Comisaría, responsable de la Brigada de Extranjería e interlocutor social para víctimas de trata para la explotación sexual, José Carlos Enríquez, resaltó que “muchas veces las víctimas”, por lo general extranjeras, “ni conocen que lo son, hay que explicárselo”, por lo que “lo principal es localizar a estas personas y convencerles de que la policía no está para perjudicar, sino para ayudarles”. Se refirió a la las herramientas que ofrece la ley, el “periodo de restablecimiento y reflexión si son inmigrantes ilegales”, tiempo en el que se les ofrece un lugar para protegerse del proxeneta en pisos que durante el estado de alarma prestaron Cáritas y Cruz Roja. Una vez que la Subdelegación concede ese periodo, las víctimas pueden decidir si quieren colaborar en la denuncia del proxeneta con autoridad policial y judicial, si es así, obtienen un permiso de residencia sin la amenaza de la expulsión. Si deciden regresar a su país, “se les concede un viaje asistido, para asegurarles la protección”.
LA POLICÍA INVESTIGA UNA POSIBLE RED DE PROSTITUCIÓN DE INDIGENTES EXTRANJEROS EN LA PROVINCIA
Una red de prostitución de jóvenes indigentes extranjeros podría operar en la capital, según la investigación iniciada por la Policía Nacional hace unos días tras localizar a tres varones de unos 20 años que podrían estar siendo objeto de explotación sexual, informó ayer el inspector jefe de la Comisaría de Zamora y responsable de Extranjería, José Carlos Enríquez, tras la reunión mantenida con el subdelegado del Gobierno central en Zamora, Ángel Blanco.
Los agentes reúnen datos sobre un hombre como posible responsable de la organización de prostitución masculina que se sospecha que opera en la capital, la persona encargada de controlar a las víctimas de la red de proxenetas, indicó el responsable de Extranjería, que participó en el encuentro mantenido por el subdelegado con representantes de Cáritas, Cruz Roja y la Asociación Apram con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres y Niños que se celebra mañana, día 23 de septiembre.
Este delito está afectando ya a jóvenes que contraen deudas por su afición al juego o ludopatía y que se ven abocados a prostituirse para cancelarlas, advirtió el subdelegado, tras las pesquisas iniciadas para investigar a un hombre que habría asumido las cargas económicas de un zamorano a cambio de sexo. Este podría no ser el único caso que se haya dado o que se esté dando en Zamora, por lo que Blanco ha querido llamar la atención sobre el incipiente delito.
Desde la Subdelegación, se ha destacado el trabajo de las ONG’s, de la policía y la Guardia Civil, al tiempo que se hace un llamamiento a los ciudadanos para que colaboren en la denuncia de estas situaciones, para que las pongan en conocimiento de las autoridades. Ensalzó la “muy importante labor” de estas organizaciones sin ánimo de lucro y el compromiso del Gobierno con su función social para lo que tiene previstas ayudas que les permitan llegar a las víctimas de estos delitos, fundamentalmente “para generar confianza y que se denuncie”. El responsable del Ejecutivo central manifestó que “nos preocupa mucho el miedo de las víctimas” de estos delitos que “viven en contextos tan peligrosos”, mientras aseguraba la prestación de auxilio por parte de la Administración del Estado: “tienen que saber que no les pasará nada si acuden a la Policía Nacional o la Guardia Civil”.
Ofrecer una mayor protección a estos colectivos vulnerables es una de las prioridades del Gobierno, abundó el subdelegado, es “una necesidad aun mayor durante la pandemia del COVID-19”. Recordó que la trata de personas, de mujeres, se inscribe en una actividad que no está legalizada, lo que dificulta el acceso de estos ciudadanos a las ayudas que existen para colectivos en situación marginal. Durante el confinamiento por el estado de alerta sanitaria, muchas mujeres obligadas a prostituirse “contactaron con nosotros” y se les prestó ayuda desde la Subdelegación, con la Policía Nacional y en colaboración con las ONG’s que se reunieron ayer con Blanco ante la próxima celebración del Día de Trata de Personas.
