“No cabe duda de la gravedad” del mensaje difundido por Twitter por el eurodiputado de Vox y periodista Hermann Terstch que imputa al padre de Pablo Iglesias “la intervención material o intelectual en un asesinato” de un policía nacional en 1973 como integrante del FRAP, argumenta la Audiencia de Zamora. Confirma, así, la condena al líder de ultraderecha por “vulnerar el derecho al honor” de Francisco Javier Iglesias Peláez y mantiene los 15.000 euros de multa por el “enorme potencial de difusión” de la red social y porque los medios de comunicación se hicieron eco del mensaje. La Audiencia rechaza que se pueda justificar el tuit, como pretende el periodista, por otros ataques de seguidores de Pablo Iglesias hacia él y su progenitor. El fallo llega a decir que el derecho a réplica al que alude Terstch cuando se reciben ataques “no es ilimitado” y que “no justificaría la respuesta en la que se está imputando al demandante en la participación en el asesinato de un policía”. La sentencia añade que ese derecho a réplica para quien se siente atacado no permite legalmente recurrir “al insulto, a expresiones formal y patentemente injuriosas y, además, innecesarias”, como las vertidas por el destacado militante de Vox. Se refiere, también, a su condición de periodista, conocedor del lenguaje, y deduce que dijo lo que quería decir.
El fallo termina diciendo que las pruebas que Terstch aportó sobre esa posible detención del padre de Iglesias “se refieren a documentación generada hace más de 40 años en un país no democrático y a nadie se le escapa la dificultad para la obtención de dicha documentación”. Y concluye que la demanda se centra en si se vulneró el derecho al honor de Iglesias Peláez o no, “en la determinación de si las expresiones sin base alguna resultaron atentatorias” para el padre del líder de Podemos, infracción sobre la que el juez no tuvo duda y que la Audiencia confirma ahora. Los más de 90.000 seguidores que Terstch en Twitter amplían el daño causado al progenitor del líder de Podemos con el mensaje que le situaba entre los integrantes de la FRAP arrestados por ese crimen. Es la segunda vez que la Audiencia confirma una condena al eurodiputado de Vox, tras la de 2018.
