El Ayuntamiento de Toro ha iniciado el procedimiento para aprobar la nueva ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos en el municipio. La concejala de Economía, Ángeles Medina, explicó que la nueva ordenanza repercutirá en “grandes compañías” que, a partir de la aprobación de la normativa, tendrán que abonar una tasa por “atravesar” con cables, tuberías o canalizaciones suelo público para la distribución de los suministros citados. En principio, y a la espera de concretar en los próximos días diversos aspectos de la nueva normativa, la tasa se fijará en función de los metros de tubería, cable o canalizaciones que las operadoras de suministros básicos desplieguen por suelo, subsuelo o vuelo público.

En este sentido, Medina reconoció que el equipo de Gobierno ya ha realizado un estudio previo sobre el cálculo de la nueva tasa que, hasta ahora, nunca se había cobrado en Toro, a diferencia de otros municipios y ciudades de España que ya la aplican y perciben unos ingresos por el citado concepto. De hecho, según explicó la concejala de Economía, el Ayuntamiento de Toro espera ingresar alrededor de 100.000 euros anuales con la aplicación de la nueva ordenanza y la imposición de la tasa, montante que será reinvertido en el mantenimiento y en la mejora del patrimonio municipal. Por otra parte, el objetivo de la norma que tiene previsto aplicar el Ayuntamiento es gravar la utilización o aprovechamiento especial del dominio público en su suelo, subsuelo o vuelo con instalaciones de “transporte” de energía como cajas de amarre, torres metálicas, transformadores o líneas propias de distribución de electricidad, gas, agua y otros suministros.

Además, con la nueva ordenanza, el Ayuntamiento pretende regularizar otras situaciones relacionadas con los riesgos de distribución de los suministros básicos o de impacto “estético” que las canalizaciones, cables o tuberías pueden provocar en las calles y plazas de la ciudad por las que discurren. Para aprobar, con carácter inicial la nueva ordenanza, el Ayuntamiento ha convocado una consulta pública para recoger la opinión de los ciudadanos y organizaciones potencialmente afectadas por la futura normativa, que podrán responder hasta el 22 de septiembre a un cuestionario publicado en el portal de transparencia de la web municipal.

Sobre la citada consulta pública, Medina matizó que es un trámite obligado si se pretende aprobar una nueva norma o modificar alguna ordenanza municipal que afecte al pago de tributos. En este sentido, puntualizó que ni durante el anterior mandato ni en el presente no se ha convocado ninguna consulta pública lo que demuestra que el actual equipo de Gobierno “no ha modificado ningún impuesto”.