Las medidas extraordinarias planteadas por el Gobierno para mitigar el impacto económico de la pandemia en el sector del vino no convencen a las Denominaciones de Origen, organizaciones agrarias, cooperativas y la propia consejería de Agricultura, que ya ha comunicado al Ministerio su decepción porque favorecen a algunas zonas productoras en detrimento de las que elaboran vinos con un valor "añadido" por su calidad. El presidente del Consejo Regulador de Toro, Felipe Nalda resaltó ayer que el conjunto de medidas se basa en la previsible reducción de producción, la acumulación de excedente y las posibles dificultades de las bodegas para "asumir" la nueva cosecha.
Sin embargo, no todas las medidas propuestas garantizan una aplicación equilibrada en las distintas zonas productoras, a pesar de que el problema de la caída en ventas en el canal Horeca afecta incluso a mayor nivel a vinos amparados por Denominaciones de Origen que al resto. A modo de ejemplo, Nalda explicó que las ayudas a una "destilación de crisis" para que el alcohol obtenido se destine a usos industriales, incluida la fabricación de desinfectantes o productos farmacéuticos, no se repartirán de forma equitativa, ya que el 25% serán destinadas a zonas con Denominaciones de Origen y el 75% restante será distribuido entre el resto. El volumen máximo fijado para pedir la ayuda es de dos millones de hectolitros, de los que 0,5 se reservan para vinos amparados por un sello de calidad y 1,5 para el resto. El importe de la ayuda asciende a 0,40 euros por litro de vino con Denominación de Origen destilado y de 0,30 para los no amparados por figuras de calidad. Además, las ayudas no incluyen una compensación por la distancia entre bodegas y destilerías y, en el caso de Castilla y León, los vinos se tendrían que transportar a mas de 300 kilómetros.
