Decenas de remolacheros secundaron ayer la concentración convocada por la Alianza UPA-COAG y, ante las puertas de la fábrica Azucarera de Toro, exigieron a la industria que cumpla el Acuerdo Marco Interprofesional (AMI) y que en la próxima campaña no aplique una rebaja de seis euros por tonelada. Los cultivadores impidieron la recepción de remolacha en la fábrica toresana, lo que obligó a los transportistas a esperar a la disolución de la movilización para entregar la raíz.
Con esta concentración de protesta, que también fue secundada por numerosos productores en las otras dos fábricas de Azucarera en la zona norte, las de Miranda de Ebro y La Bañeza, los cultivadores mostraron su desacuerdo con la decisión de la industria de aplicar una reducción en el precio, amparándose en las pérdidas económicas que acumula por la caída del precio del azúcar. El coordinador regional de la Alianza, Aurelio Pérez, recordó que los actos de protesta celebrados ayer sirvieron para denunciar la "ruptura unilateral" del AMI por parte de Azucarera y para advertir a la compañía de que los remolacheros no están dispuestos a sembrar al precio anunciado, decisión que afectará a las fábricas, a sus trabajadores o al colectivo de transportistas. Ante esta situación, la "única exigencia" que los cultivadores plantean a Azucarera es que en la próxima campaña mantenga el precio pactado de 42 euros y que se siente a negociar un nuevo AMI que, como precisó Pérez, ha proporcionado "estabilidad al sector, ha generado empleo y ha permitido fijar población". Además, matizó que la Alianza se limitará a facilitar información a los cultivadores que son los que deben decidir si siembran o no remolacha aunque, a su juicio, si Azucarera aplica la medida anunciada puede suponer la "puntilla" para un sector que, en el año 2002 contaba en Castilla y León con más de 50.000 hectáreas, superficie que, en la actualidad, se ha reducido a la mitad. Por su parte, el secretario regional de UPA, Aurelio González, calificó de "muy oscuras" las intenciones de Azucarera de vincular los contratos de los cultivadores al precio del azúcar, porque "es una estafa manifiesta". Además, remarcó que la Junta apoyará a los remolacheros para que no sean "rehenes" de Azucarera, de tal manera que para cumplir el Programa de Desarrollo Rural no computarán ni el 2017, si no pudieron sembrar por la sequía, ni el próximo año. Por último, achacó la decisión de rebajar el precio a una "mala gestión" de Azucarera que, según González, no puede trasladar la responsabilidad de su situación y de sus pérdidas a los cultivadores.
