En cuanto al modus operandi, fuentes de la investigación señalaron que algunos de los imputados dispondrían de la declaración responsable y habrían presentado una comunicación de aprovechamiento de piña cerrada en montes no gestionados por la Junta de Castilla y León a los agentes que les sorprendieron en los pinares en el momento de recolectar las piñas, incluso en algunos casos presentaron una autorización de la parcela en la que supuestamente se encontraban recogiendo el fruto. Ante la imposibilidad de realizar, a pie de pinar, las comprobaciones oportunas de la validez de los documentos citados, los agentes permitieron trasladar las piñas recogidas a empresas o piñeros que no tenían inconveniente en comprarlas, a pesar de ser conscientes de que carecían de algún documento que amparara cada una de las partidas. La Guardia Civil pudo comprobar en el marco de esta operación que algunas de las autorizaciones de aprovechamiento presentadas por diferentes personas, se repetían hasta en tres ocasiones, no habiendo autorizado los propietarios a ninguno de los imputados a coger las piñas de su pinar, por lo que los documentos y firmas habrían sido falsificados. Una vez que las piñas eran recolectadas, de forma ilegal, y adquiridas posteriormente por los piñeros, se enviaban en pequeñas partidas para hacer más difícil su seguimiento y evitar así ser detectadas, aunque también en algunos casos eran recogidas en las propias instalaciones de los almacenistas.
