En una misma semana, Zamora ha conocido la cara y la cruz de la obligada conservación de su patrimonio artístico. La parte positiva la protagonizaba, al fin, el desbloqueo de dos millones de euros destinados desde el Ministerio de Cultura a la restauración de la muralla de Zamora. Quizá sea el antiguo cerco el paradigma de los problemas que representa el mantenimiento de una riqueza que supone un desembolso inmenso, pero que también es fuente de ingresos como atractivo turístico.
La preocupación por el Patrimonio cultural es algo demasiado reciente. Esa conciencia no se adquirió plenamente hasta bien avanzado el siglo XX. Y aunque existan precedentes como aquella primera ley dictada por el Gobierno de José Canalejas en 1911, a raíz del intento de venta del “Bote de Zamora”, en un intento de paralizar el expolio en beneficio de coleccionistas privados, e incluso la declaración de monumentos a finales del XIX, la conciencia por preservar los bienes arquitectónicos se demoró durante mucho tiempo. Y mientras, la piqueta y el abandono se hicieron fuerte en joyas cuya ruina ahora lamentamos o forman parte de la “Lista Roja” que elabora Hispania Nostra, vinculada a la Unesco, sobre el deterioro de las mismas.
La conservación de la muralla ha topado con esa despreocupación desde que la ciudad perdiera su condición de plaza fuerte en 1868. La noción de progreso, entonces, iba asociada a la desaparición de lo que, simplemente, era considerado viejo y antihigiénico. Uno de los argumentos usados para el derribo de lienzos enteros con sus cubos y sus puertas fue el de la necesidad de “ventilar” la ciudad. Cuando se adquirió el verdadero sentido del concepto de patrimonio, llegaron los problemas de titularidad de tramos adosados a casas particulares y de las competencias entre Junta y Ministerio de Cultura. De hecho, la Administración regional llegó a realizar reparaciones, a regañadientes, pero a su cargo. El último Plan Director dejaba clara la titularidad a cargo del Estado y, ahora, al fin, el Ministerio de Cultura pone en marcha la intervención “delicada y larga”, con una inversión que se acoge a los fondos europeos del Plan de Recuperación y Resiliencia. Y en efecto, la muralla y el resto del vasto patrimonio español forma parte de una potente “industria cultural” cuyo cuidado, además de ser obligatorio por la Constitución y leyes autonómicas, representa una fuente de riqueza y, a la vez, un problema, a primera vista inabarcable.
La tecnología, que, a través de colaboraciones público privadas se ensaya ya en algunos monumentos, puede ayudar a que todo ese legado no acabe sucumbiendo sin remedio
España es el segundo país con mayor patrimonio cultural del mundo, detrás de Italia. Y Castilla y León encabeza la lista de tamaño legado de todo el país. También en este caso, la extensión y dispersión del territorio juega en contra de los esfuerzos por conservar esos atractivos que, en tiempos prepandémicos, atraían a la región unos 7 millones de viajeros que generaban unos ingresos aproximados de 1.500 millones de euros al año.
Zamora es partícipe del fenómeno en una porción que había ido consolidando año tras año, aunque se quedara fuera de la lista de la Unesco que declaró a 8 lugares o monumentos como Patrimonio de la Humanidad en la comunidad castellanoleonesa, una marca que resulta irresistible para el turista ávido de arte e historia.
Aún sin ese visado, la provincia zamorana tiene peso específico en una región que atesora 2.570 Bienes de Interés Cultural. Más de un centenar, pese a la protección que otorga la figura jurídica, se hallan dentro de la mencionada “Lista Roja”.
Hace menos de un año que la iglesia de Molacillos, un pequeño pueblo a once kilómetros de la capital zamorana y su muralla, entraba en esa relación de bienes en riesgo de desaparición. El jueves, el Obispado de Zamora decretaba su cierre por el “riesgo para la seguridad de los fieles”. Lo venían avisando los vecinos, a través de este periódico, desde hacía meses. Es la cruz del otro lado de la moneda de la conservación del patrimonio de la semana que termina.
El templo, declarado monumento nacional en 1983, presentaba continuos desprendimientos a causa de las humedades. En 2003 ya fue objeto de intervención, por parte de la Junta, para reparar cubiertas y zócalos. Una actuación que no detuvo la ruina progresiva de una iglesia singular en Castilla y León. Consagrada a San Martín de Tours, fue construida a mediados del siglo XVIII sobre un anterior templo medieval y es único referente de la arquitectura barroca levantina en la comunidad autónoma de Castilla y León. Tal peculiaridad se debe al que fuera arzobispo de Valencia, Andrés Mayoral Alonso, nacido en Molacillos en 1685. El propio arzobispo costeó la construcción de las obras dirigidas por el arquitecto Cristóbal Herrera.
Lo que ocurre en Molacillos se repite en otras muchas localidades zamoranas: son otras víctimas de la despoblación. Al igual que, a finales del siglo XIX, las sucesivas desamortizaciones marcaron la desaparición de iglesias y conventos que quedaron sin destino, hoy, los templos de pueblos cada vez con menos habitantes y sin párroco fijo, acusan la falta de uso. La iglesia del arzobispo Mayoral será objeto de una actuación urgente a costear por dos administraciones, Junta y Diputación, además del Obispado, titular de la propiedad, aunque queden lejos los tiempos en los que los altos cargos eclesiásticos soltaban de su propio bolsillo el dinero para construir iglesias en sus pueblos de nacimiento.
Para este año la Consejería de Cultura de Castilla y León, la encargada, oficialmente, del cuidado de bienes de interés general y sitios arqueológicos, destina en su presupuesto la nada despreciable cantidad de 150 millones de euros, un 6,5% más que en el ejercicio anterior a la conservación del patrimonio. Y, sin embargo, a todas luces resulta insuficiente para atender la inmensa nómina dispersa por el territorio. Así lo reconocen los propios expertos de Hispania Nostra y otros académicos. La Junta tiene en tramitación una nueva ley para la gestión del patrimonio que debería ver la luz en los próximos meses y ese debiera ser uno de sus pilares.
La tecnología, que, a través de colaboraciones público privadas se ensaya ya en algunos monumentos, puede ayudar a que todo ese legado no acabe sucumbiendo sin remedio.
Pero tampoco debieran descartarse otras vías. La protección de un Bien de Interés Cultural entraña beneficios fiscales o el acceso a subvenciones públicas, pero también deberes como abrir las puertas al público como mínimo cuatro días al mes para la visita gratuita. El concepto gratuito, que sirve como reclamo, quizá debiera ser revisado. Todo turista que desembarca en Italia paga sin rechistar tasas de distinto importe por alojarse en ciudades y raro es el lugar de interés que puede visitarse sin pasar antes por taquilla. Aquí ese debate genera muchos resquemores y ni siquiera se ha abordado en profundidad. Existen fórmulas intermedias como la exención de pago a los empadronados. Es lo que aplican comunidades como Andalucía. Lo que está claro es que deben arbitrarse fórmulas para que el rico patrimonio que atesora Zamora y el resto de Castilla y León, siga siendo fuente de riqueza y de consideración, en lugar de una carga insostenible que derive en su desaparición.
