Desde que vivimos en un estado social y democrático de derecho -1978- en España han visto la luz ocho Leyes de Educación, que más que contribuir a mejorar los sistemas de enseñanza, han dado pie a todo tipo de controversias sobre lo que es y lo que debería ser la educación en nuestro país. Controversias que desgraciadamente siguen abiertas porque, en contra de lo que llevan años pidiendo todos los especialistas en la materia, no hay forma de que los políticos lleguen a acuerdos que hagan posible un Gran Pacto de Estado por la Educación que pueda servir de base a la elaboración de cuantas normas educativas sea necesario aprobar y poner en marcha para que nuestra sociedad avance humanística, técnica y científicamente al ritmo que marcan los tiempos.
Si echamos un vistazo a los informes PISA, que elabora cada tres años la OCDE para medir el rendimiento académico de los alumnos que se encuentran en el último curso de la enseñanza obligatoria (15 años) y cuyo objetivo es proporcionar datos indicativos que permitan evaluar los sistemas educativos de cada país, podremos observar que España se encuentra muy alejada de los puestos de cabeza, tanto en conocimientos de las asignaturas troncales: comprensión lectora, matemáticas y ciencias, como en la aplicación de los mismos. Datos que deberían hacer reflexionar a quienes tienen atribuidas las competencias en materia de educación, pues no es de recibo que después de más de cuarenta años de democracia aún sigamos viajando en el vagón de cola de algo tan importante como sin duda es la Educación.
Desde que la UCD, allá por 1980, promoviera el primer proyecto de ley para implantar algunas mejoras en los centros educativos, hemos asistido a numerosos rifirrafes en los debates parlamentarios cuando de legislar sobre educación se ha tratado. Como consecuencia de los mismos, han sido demasiados los cambios que, dependiendo del color del gobierno, han sufrido los planes de estudio y los sistemas educativos, y no pocos los recursos interpuestos ante los tribunales por los partidos de la oposición, en cada momento, en contra de las leyes y normas que se han ido aprobando.
A poco de llegar al Gobierno, Pedro Sánchez anunció que derogaría la LOMCE y encargó a su Ministra de Educación, Isabel Celaá, la redacción de una nueva ley cuyos principios levantaron una gran discusión
Y si a lo referido añadimos el papel que algunas comunidades autónomas siguen empeñadas en protagonizar, al incorporar adaptaciones curriculares en algunas asignaturas, sin ninguna justificación, o al saltarse a la torera las resoluciones de los tribunales de justicia, sobre todo cuando tienen que ver con la obligación de respetar los contenidos de algunos currículos, o de enseñar en castellano al menos el 25% de las asignaturas…. Ya me dirán ustedes qué cesto vamos a poder hacer con estos mimbres.
Todo un despropósito sin sentido que solo se podrá enmendar cuando la clase política asuma que, en materia de educación, hay que dejar trabajar a los que más saben, para que, dejando al margen las ideologías, puedan elaborar cuantas leyes, normas y métodos de enseñanza sea pertinente sacar adelante y echar a andar para conseguir que la Educación en España, de una vez por todas, pueda viajar en primera.
Y para ayudarles a recordar cómo se ha ido tejiendo el desolador panorama de la educación en España, les invito a hacer un pequeño repaso de las ocho leyes aprobadas por el Parlamento español desde que fuera sancionada La Constitución:
E1980: Ley Orgánica por la que se regula el Estatuto de Centros Escolares (LOECE)
Impulsada por el segundo gobierno de UCD, presidido por Adolfo Suárez, fue la primera ley de Educación aprobada en democracia. Recogía como principal medida la aplicación de un sistema de organización en los colegios e institutos que permitía la libre elección de centro y reconocía a su titular el derecho a establecer su propio ideario educativo.
Claramente defensora de la escuela privada, la LOECE no llegó a entrar en vigor porque fue recurrida por el PSOE; al que el Tribunal Constitucional dio la razón, al entender que su contenido no respetaba la Carta Magna.
1985: Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación (LODE)
Llegó de la mano del primer gobierno de Felipe González, que no dudo a la hora de dar su particular toque ideológico a la norma en cuestión. Sus principales objetivos fueron: la creación de los consejos escolares, como instrumentos para propiciar la participación de los alumnos, padres y profesores en la gestión de los centros; el establecimiento de criterios de prioridad -proximidad, renta…- para la elección de centro, y la modificación del plan de subvenciones a la enseñanza privada.
Un dato a destacar es que mantuvo el sistema de enseñanza y los contenidos curriculares implantados por el régimen franquista, en su Ley General de Educación, de 1970 (EGB y BUP).
Tardo en entrar en vigor porque la entonces oposición, Alianza Popular, también recurrió la ley ante los tribunales, aunque con poco éxito, porque El Constitucional desestimó el recurso, casi en su totalidad.
E1990: Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE)
Propuesta por el segundo gobierno de Felipe González, salió adelante con el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios, con la excepción del Partido Popular.
La LOGSE puso fin al sistema de enseñanza implantado en 1970, estableciendo los ciclos formativos de Educación Infantil (0 a 6 años) Educación Primaria (6 a 12 años) Educación Secundaria Obligatoria -ESO- (de 12 a 16 años) y Bachillerato, que aún siguen vigentes.
E1995: Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes (LOPEG)
Impulsada por el tercer gobierno socialista, más que una reforma, supuso solo un complemento de la LOGSE que, por ser poco sustancial, no merece más comentarios.
E2002: Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE)
La primera reforma educativa del Partido Popular, con José María Aznar de presidente, se aprobó en 2002 y entró en vigor un año después; si bien tuvo una vida muy fugaz porque, tras la victoria electoral, en 2004, de José Luis Rodríguez Zapatero, éste ordenó paralizar la aplicación de numerosas de sus medidas, entre las que destacaban: la puesta en marcha de itinerarios formativos diferentes en Educación Secundaria y Bachillerato, y la instauración de una prueba de reválida al final del ciclo.
E2006: Ley Orgánica de Educación (LOE)
Con el PSOE de nuevo en el poder, la LOE derogó las leyes educativas anteriores, salvo la LODE, de 1985, pero mantuvo el sistema establecido en la LOGSE, permitiendo el paso de curso con dos suspensos.
La LOE propició el blindaje de las enseñanzas comunes en todas las comunidades autónomas y sembró la polémica al incorporar dos nuevas asignaturas: “Ciencias para el mundo contemporáneo”, en el Bachillerato, y “Educación para la ciudadanía”, en todas las etapas.
E2013: Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE)
Bautizada como “Ley Wert”, por haber sido José Ignacio Wert su impulsor, fue planteada por el primer gobierno de Mariano Rajoy, que trató de recuperar numerosas medidas contempladas en la frustrada LOCE.
Su tramitación provocó duros enfrentamientos entre las bancadas del Congreso, por medidas como: la implantación de sendas reválidas al final de ESO y Bachillerato; la reducción de las asignaturas optativas, y la eliminación de las asignaturas “Educación para la Ciudadanía” y “Ciencias para el Mundo Contemporáneo”.
E2020: Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE)
A poco de llegar al gobierno, Pedro Sánchez anunció que derogaría la LOMCE y encargó a su Ministra de Educación, Isabel Celaá, la redacción de una nueva ley cuyos principios levantaron una gran discusión.
Más conocida como “Ley Celaá”, la LOMLOE tiene como principales novedades: la eliminación del castellano como lengua vehicular de la enseñanza, y la obligatoriedad de los centros ordinarios de implementar los medios necesarios para poder escolarizar al alumnado de Educación Especial, en un plazo de diez años.
Y, señoras y señores, sigue la “juerga” porque, hasta que no reine la cordura, los españoles ya nos hemos acostumbrado a que cada vez que cambia el gobierno se resiente la Educación, porque todos los que llegan al poder quieren dejar su impronta, y así nos va.
¡País!
