Quien avisa no es traidor. Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado nos vienen avisando insistentemente a los ciudadanos sobre la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que ha conseguido unir los intereses de Guardia Civil y Policía Nacional. Todos los sindicatos policiales y todas las asociaciones de la Guardia Civil coinciden en lo mismo: los cambios que el Gobierno quiere introducir en ese texto legal “criminalizan, desprestigian, hacen más vulnerables y ponen en riesgo a los agentes”. Estoy completamente de acuerdo. Yo también soy Guardia Civil y Policía Nacional y me uno a ellos en su preocupación que debe ser la de todos los ciudadanos.
Me explico. A más inseguridad en las calles y más conflictos de convivencia, seremos los ciudadanos quienes paguemos el pato. Los agentes se abstendrán de intervenir en muchas ocasiones porque saben que pueden tener problemas. Aviados vamos los ciudadanos. No se está defendiendo como corresponde el papel que desempeñan en la seguridad ciudadana, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Se está viendo claramente en Cádiz y eso que la ley no ha entrado en vigor. Los manifestantes pueden lanzar todo tipo de objetos, destruir los elementos urbanos, ejercer una violencia a veces desmedida, pero no pueden recibir contestación por parte de los antidisturbios. Como si lo que los manifestantes lanzaran fueran flores y los policías respondieran con pelotas de goma a tan hermoso recibimiento.
Si hablamos de delincuencia, los manifestantes están en su derecho a manifestarse, la desprotección en la que quedan los agentes es palmaria. El diagnóstico es demoledor ante lo que sucede en el día a día de estos funcionarios del orden. Los altercados van a estar asegurados como alguien, con dos dedos de frente, no ‘corrija’ el texto de una ley que ahora no venía a cuento. No se puede trasladar a la sociedad que los policía son los malos. No se pueden grabar exclusivamente las imágenes en las que la policía responde, sin haber realizado tomas de la inusitada violencia que, cuántas veces, emplean los manifestantes, especialmente si hay antisistemas.
Lo que se está haciendo es un despropósito que solo contenta a Podemos y a toda esa izquierda radical que se siente protegida por el Gobierno y con la fuerza suficiente como para dictar algunas leyes. Los uniformados se juegan mucho. Los atestados policiales no tendrán, como hasta ahora, presunción de veracidad, sino que la nueva ley la limitará a lo «razonable». Ojalá se pare este despropósito o España será un país sin ley. Algunas cadenas de televisión tampoco ayudan mucho, comparando a violentos y policías. Cabe esperar que el Gobierno reflexione.
