El presidente del Gobierno está empeñado en adoctrinarnos sobre la bondad del indulto a personas condenadas por los tribunales por el delito de sedición. Ha dicho textualmente: “La venganza o la revancha no son principios constitucionales”. Invocar la Constitución ante delitos cometidos para destruirla es, cuando menos, una falta de respeto a la propia Constitución. Si una sentencia judicial tiene atisbos de “venganza o revancha” habría que denunciar a los jueces por prevaricación.
Un Gobierno tiene potestad para otorgar un indulto, pero no es de recibo justificarlo poniendo solapadamente en tela de juicio la actuación de unos jueces y desvirtuar la sentencia, máxime cuando los encausados no se han arrepentido de su delito, sino que incluso siguen proclamando que volverán a cometerlo. ¿O no fue delito fomentar una declaración unilateral de independencia?
El indulto es una medida de gracia, pero no un chalaneo. El propio PSOE apoyó el 27 de otubre de 2017 la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Ese mismo día el parlamento catalán aprobó una declaración unilateral de independencia para constituir una República catalana como Estado independiente.
Es evidente que con el indulto el actual Gobierno español no pretende ni desactivar ni resolver el conflicto catalán, sino apuntalar con el apoyo de los independentistas catalanes la mayoría parlamentaria. Y asegurarlo, al mismo tiempo, con los votos de EH Bildu y del PNV, que abogan también por la independencia del País Vasco. Esto conlleva un debilitamiento del poder del Estado, que se ha ido enflaqueciendo paulatinamente con el trasvase de competencias y de cuantiosas inversiones en unas comunidades autónomas que pretenden desmantelar el propio Estado constitucional que los ampara.
Los agravios comparativos con otras autonomías, como la Junta de Castilla y León, por ejemplo, son tan clamorosos como indignantes
Los agravios comparativos con otras autonomías, como la Junta de Castilla y León, por ejemplo, son tan clamorosos como indignantes, y más en una situación de despoblamiento galopante, debido en gran parte a los privilegios económicos otorgados, también con nuestros impuestos, a autonomías desleales. ¿Habrá que invocar la primera catilinaria de Cicerón “quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? (¿Hasta cuándo abusarás, Catilina, de nuestra paciencia?).
Es más que notorio que la venganza y la revancha no son principios constitucionales, pero sí la lealtad a la integridad del Estado y a sus preceptos fundamentales, así como a las penas en las que se incurre, si no se cumplen, que sancionan, en el caso de recurrirse, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.
No nos hagan comulgar con ruedas de molino en asuntos tan esenciales como el Estado de derecho que nos dimos todos los españoles -incluidos naturalmente los catalanes- el 6 de diciembre de 1978. El Gobierno de turno puede ejercer el derecho al indulto, pero no tiene bula para distraernos con triquiñuelas, como si fuéramos una pandilla de lelos e ignorantes. Los castellano-leoneses sabemos muy bien lo que sucedió hace poco más 500 años no por sedición, sino por intentar defender la legitimidad. Hubo entonces revancha y venganza. Estamos todavía esperando no el indulto, sino la reparación.
