La actual oleada de emigrantes marroquíes y subsaharianos a Ceuta no es ninguna casualidad. Es evidente que ha estado orquestada y organizada por el gobierno marroquí. Se ha querido relacionar con su malestar con la decisión del gobierno español de haber acogido a Brahim Gali, presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, para ser tratado en una clínica de Logroño. De ser así, no es más que un pretexto. El fondo de la cuestión es el Sahara, proclamado hace poco más de 45 como Estado soberano con el nombre de República Árabe Saharaui Democrática (RASD) por el Frente Popular para la Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro, más conocido como Polisario.
La proclamación de soberanía se produjo un día después de que los últimos soldados españoles abandonaran el territorio y tres meses después de que Marruecos iniciara la Marcha Verde con 50.000 civiles, que tuvo como corolario la firma, el 14 de noviembre de 1975, del llamado Acuerdo Tripartido de Madrid o Declaración de Principios entre España, Marruecos y Mauritania, para entregar el territorio a estos dos últimos países. La ONU declaró nulo este acuerdo.
Los gobiernos españoles no supieron en 1975, con un Francisco Franco agonizante, frenar el expansionismo marroquí, ni han sabido en los sucesivos gobiernos democráticos activar una política exterior seria
Sin embargo, se consumó el vergonzoso abandono de España del Sahara, contraviniendo no solo el derecho internacional, sino también los mandatos de las Naciones Unidas, que consideraba -y sigue considerando- a este territorio una colonia con derecho a la autodeterminación y a España potencia administradora. Mauritania renunció a administrar su parte del Sahara en 1979 y quedó ocupada únicamente por Marruecos. Se desencadenó la guerra entre el Polisario y Marruecos hasta 1991. En este último año se firmó el alto el fuego en el llamado Plan de Acuerdo entre el Polisario y Marruecos. Su objetivo era organizar un referéndum que debía dilucidar entre la independencia del territorio o la integración a Marruecos. Se constituyó entonces la Minurso para supervisar y organizar el referéndum. De hecho, Minurso, que está compuesta por 250 soldados y civiles, es el acrónimo de Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental.
Han pasado 30 años desde entonces y no se ha celebrado el referéndum, ni se celebrará, salvo que Marruecos tenga la certeza de obtener la anexión total. Es lamentable, como lo es que España no solo haya renunciado al Sahara Occidental como potencia administradora, sino que de facto ha tolerado la anexión por parte de Marruecos.
Hassan II, padre del actual rey de Marruecos, no jugó al azar la carta de la Marcha Verde el 6 de noviembre de 1975. Contó, entre otros valedores, con el respaldo logístico y político de Francia y de Estados Unidos. El reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el Sahara, el 10 de diciembre de 2020, por parte de Donald Trump, cuando era aún presidente de Estados Unidos, no solo hizo saltar por los aires el derecho internacional, como subrayaron algunos expertos, sino que ha demostrado sin tapujos qué es lo que ocurre desde hace 46 años en la última colonia africana.
Hay una cosa muy clara: Marruecos no cederá un ápice en su anexión del Sahara, porque lo considera imprescindible para la supervivencia de la monarquía alauita, que, hoy por hoy, es un freno para una mayor penetración del yihadismo en el Magreb y, como consecuencia, la inestabilidad en la región. Más aún, una vez consumada la conquista -de hecho, ya lo está-, sus objetivos siguientes serán Ceuta y Melilla.
Los gobiernos españoles no supieron en 1975, con un Francisco Franco agonizante, frenar el expansionismo marroquí, ni han sabido en los sucesivos gobiernos democráticos activar una política exterior seria, coherente y responsable que diera la voz a los saharauis para decidir su futuro. Marruecos, en cambio, cuenta con el apoyo total de Estados Unidos, que, repito, respaldó la Marcha Verde y defenderá la anexión total y definitiva del Sahara y que los saharauis se conviertan en ciudadanos marroquíes. Prevalecerá, me temo, una política de hechos consumados.
