El drama de la inmigración ilegal se ha convertido, junto a la irresponsabilidad de tantos, en un nuevo peligro para la expansión de la pandemia. Son muchas, demasiadas, las fugas masivas de sin papeles confinados que se mantienen bajo vigilancia ante la posibilidad de estar contagiados por el COVID-19. La mayoría de los fugitivos son personas llegadas en patera a puntos de la península como Cartagena, Murcia, Granada y Alicante.
Son ya varios los casos confirmados de sufrir la enfermedad, lo que obligó a la autoridad sanitaria a que todos los que hubieran estado en contacto con los positivos pasaran la pertinente cuarentena en hospitales de campaña y centros cerrados. Por miedo a ser expulsados de España, una vez superado ese periodo obligatorio, buena parte de ellos ha puesto pies en polvorosa. Este peligroso goteo de fugas que se vienen registrando desde hace unas semanas ha desatado la alarma ciudadana. No es para menos.
Los hospitales de campaña y centros cerrados habilitados para pasar la cuarentena no ofrecen garantía alguna cuando más de medio millar de los confinados han podido escapar con destinos distintos. Algunos han vuelto al lugar de partida, perdiendo el miedo al retorno o quizá porque no tienen un plan premeditado de estancia. A los demás va a ser difícil encontrarles. A nadie cabe duda de que al problema social que siempre hay detrás de la inmigración irregular, ahora se une el sanitario que universaliza el problema, porque afecta a los propios migrantes y al resto de ciudadanos españoles con los que pueden cruzarse, con los que pueden contactar, poniendo en riesgo su salud.
En tiempos de pandemia no se puede practicar el buenismo. Hay que adoptar posturas drásticas que, aunque duelan, constituyan la barrera que impida, como en este caso, la propagación de un mal que vuelve a ser mortal en España. Las ONG,s implicadas tras el cierre de los centros de internamiento CIES por el COVID-19, deben ser más rigurosas en este sentido. Cuando no se puede desplegar el inmenso abanico de asistencia sanitaria que habitualmente despliegan, deben permanecer alertas más allá de la valoración básica socio-sanitaria. El contexto en el que se mueven en esta nueva realidad es muy diferente al habitual.
Cabe esperar que cuenten con un protocolo de actuación eficiente y eficaz y poderlo hacer extensivo al otro gran problema el de los temporeros, en cuyo colectivo cada vez se dan más focos. Los temporeros que conocen su estado no lo advierten por temor a perder lo conseguido y no poder finalizar la temporada. Pero, antes, está la salud de todos ellos y la de los demás.
