"Un pueblo es siempre una empresa futura,
un arco tendido hacia el mañana".
(A. Machado)
La despoblación y otros retos demográficos que afectan a amplios territorios de la España interior se nos echan encima con una urgencia no por prevista menos alarmante. La crisis económica y las políticas de austeridad han precipitado su velocidad y magnitud.
Los efectos del envejecimiento de la población en los equilibrios económicos que garantizan la sostenibilidad del Estado de bienestar -sobre todo las pensiones- hace tiempo que son objeto de preocupación científica, política y mediática. Sin embargo, los desequilibrios territoriales con que se manifiestan los fenómenos demográficos en España, acaban de entrar en la agenda pública y en la agenda política.
Los diagnósticos científicos no son de ahora, pero empiezan a traspasar el orbe académico. Hay ya, disperso como su hábitat, un movimiento social en torno a la "España vaciada" y una continua, aunque desigual, atención mediática que han creado una opinión pública sensibilizada. El Gobierno cuenta ahora con una hoja de ruta aprobada, las Directrices Generales de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, y un ministerio con rango de vicepresidencia que potenciará su dimensión transversal.
Es un momento clave para Zamora, epicentro de la despoblación en España: La provincia que más población ha perdido en este siglo, en un proceso ininterrumpido que afecta prácticamente a todo su territorio, con independencia del tamaño de sus municipios. Una densidad de desertización, una natalidad muy inferior a la autonómica y mucho menor que la nacional, y un índice de envejecimiento que duplica el de la Comunidad y triplica el de España.
Los retos demográficos se acumulan en Zamora, que se hace por ello acreedora de todas las políticas y recursos para superarlos. Es la última oportunidad. Empieza a ser tarde.
El debate no es de prioridades, es de proyecto de futuro. Es más, sin proyecto no hay futuro. Y ha de plantearse en términos de igualdad de derechos de las personas y de oportunidades parejas de los territorios para contribuir con su diversidad al proyecto de Comunidad, de España y de Europa.
La igualdad de acceso a las infraestructuras físicas sigue siendo clave para la competitividad de los territorios, pero en la economía de la información y el conocimiento la banda ancha con velocidad y potencia suficientes da acceso al mundo y compensa los obstáculos de la geografía.
La proximidad y dotación de los servicios públicos prestados con eficiencia, equidad y estabilidad, es garantía de derechos sociales y aún de la condición de ciudadanía. Aseguran la igualdad de oportunidades. Las políticas locales protegen la convivencia y sustentan la idea de comunidad, de pueblo.
Los incentivos y las políticas activas para la promoción de la actividad económica y el empleo, necesitan en los territorios remotos y despoblados especial perspicacia, creatividad y perseverancia. Es esencial una visión que desborde lo urgente para centrarse en lo importante, evitando aquellas actividades con impactos irreversibles, desproporcionados e incontrolables. Se hace necesaria una ética del territorio (promover sin dañar) que apueste por el "Green New Deal" -Nuevo Acuerdo Verde- y la sostenibilidad bien entendida. El territorio reclama una mirada muy limpia de prejuicios para activar las capacidades innovadoras. Son estratégicas en el rural más disperso las actividades económicas que garantizan la autonomía personal y los cuidados, el acceso a los alimentos de calidad en condiciones asequibles y también a los servicios financieros, así como aquellas que facilitan la convivencia, el ocio, la cultura y la vida social.
Además del empleo, que no siempre fija población en los territorios, son necesarias políticas que faciliten el acceso a la vivienda, el transporte y la movilidad. Las políticas de incentivación directa de la natalidad tienen un efecto que no va más allá de la sensibilización, de la conciencia social de que la decisión de tener hijos trasciende el interés personal o familiar.
Los incentivos fiscales, muy de moda, en mi opinión son preferibles por la vía del gasto que del ingreso. Mejor servicios y políticas públicas que desgravaciones. Generan densidad social donde hace mucha falta, son más redistributivos y proveen mayor equidad, porque llegan a todos.
Estos son los ingredientes para un proyecto de futuro que llega a serlo si es compartido por las administraciones y la comunidad. La proporción y características de cada uno de ellos en el diseño de cada territorio es arte de buen gobierno. En este caso un gobierno multinivel, pues todas las administraciones tienen que responder según sus competencias.
La ordenación del territorio, clave a estos efectos, es competencia exclusiva de la Comunidad. Alcanza más allá del urbanismo o de la ordenación del mapa local -un asunto casi por completo ajeno en el que nos hemos empecinado-, y que exige profundizar en la realización interna del principio de solidaridad interterritorial, recogido en nuestra Constitución, y en los de convergencia y cohesión territorial, previstos en los Tratados de la UE y en el propio Estatuto de Autonomía.
En lo que importa a las políticas frente al reto demográfico es urgente consolidar unidades territoriales amplias, formadas por agrupaciones voluntarias de municipios que tengan sentido por sus características afines, para definir proyectos propios de futuro, basados en lo más inédito de sus singularidades; articulados y coherentes con las estrategias y programas provinciales, autonómicos, del Estado y de la UE, y gestionados en un modelo de gobernanza cuyo peso descanse en la red de gobiernos locales y su capacidad para la participación y la implicación de los actores locales.
Construido el proyecto hay que comunicarlo en positivo. Se trata de poner en la cabeza y en el corazón de la ciudadanía un territorio de valor. Con calidad de vida y calidez de convivencia. Que contribuye al proyecto común desde su vocación territorial, a la sostenibilidad con sus valores naturales y a la identidad con su patrimonio cultural. Competitivo y con igualdad de oportunidades. Con un papel propio en el sistema territorial.
Estos proyectos territoriales, previstos ya en la inédita Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, de 2007, se defienden desde valores éticos universales de igualdad, dignidad, desarrollo humano y respeto por el medio natural y cultural en equilibrio sostenible con la población y su tecnología, y desde principios jurídicos de equidad, cohesión social y territorial e igualdad de oportunidades.
El Estatuto de Autonomía, en reconocimiento de los riesgos demográficos que amenazan a la Comunidad, compromete a los poderes públicos a promover y adoptar las medidas necesarias para hacer efectivo el "derecho de los ciudadanos de Castilla y León a vivir y trabajar en su propia tierra" ¿Qué menos?
