La producción agroalimentaria de la Comunidad sigue en la senda positiva y representa ya algo más del 25 por ciento del peso industrial de Castilla y León, un territorio en el que el sector primario y el de la transformación de los alimentos y bebidas no deja de aportar claros ejemplos de competitividad y de buen hacer. Junto a la positiva evolución del comercio exterior en las últimas dos décadas, cabe destacar el número de empresas exportadoras, que superan la cifra de 5.500, confirmando que la internacionalización de procesos y productos no es una cuestión menor en la región. Y, lógicamente, todo ello tiene su refrendo en materia de creación de empleo y de crecimiento económico.

A pesar de los buenos datos, la autocomplacencia no es la mejor actitud cuando aún queda mucho por hacer y hay un camino por delante no exento de dificultades. El Brexit, las medidas arancelarias impuestas por EEUU, el posible estancamiento económico el próximo año o los vaivenes políticos en clave nacional son algunos palos en la rueda que pueden ralentizar el buen comportamiento de un sector que supone toda una seña de identidad para Castilla y León. Además, y desde una perspectiva más local, el sector primario afronta una clara revolución tecnológica a la que no puede permanecer ajena, donde la modernización de cultivos es un hecho ya incontestable para aumentar la rentabilidad agraria y hacer más atractivo el campo a la incorporación de más mujeres y jóvenes, quizá la mayor preocupación a día de hoy entre expertos y autoridades públicas.

En la actualidad los sectores agroindustrial y agrario representan el 10 por ciento del PIB de la Comunidad y dan trabajo directo a unas 100.000 personas, lo que equivale al 11 por ciento de la población laboral. Otro reto que no podemos obviar es la innovación y la mejora en la calidad, sello distintito de los productos de Castilla y León. De hecho, la Comunidad cuenta con más de 24.000 explotaciones y más de 1.400 industrias con calidad diferenciada, sumando denominaciones de origen, indicaciones geográficas protegidas y marcas de calidad, generando un alto valor económico cada año. Y en este sentido, no podemos tampoco menospreciar el sello de calidad Tierra de Sabor, que contabiliza más de 1.000 empresas autorizadas y 6.000 productos registrados, lo que pone a Castilla y León a la cabeza europea en volumen de productos acogidos bajo un sello de calidad.

Con estos mimbres, la Comunidad tiene una base sólida para afrontar el nuevo periodo de ayudas europeas a un sector clave en la industria regional y en el mantenimiento del medio rural. De ahí la importancia de una negociación que no baje de los 1.000 millones de fondos que recibe Castilla y León cada año y del desarrollo de políticas agrarias que, como en el caso de las relacionadas con el regadío, propician la fijación de población, incluso triplicando el que arrojan las zonas de secano.

El próximo año es, sin duda, muy especial para el sector agrario y el de la agroindustria castellana y leonesa, que requiere la gestión de gobiernos sólidos que apuesten por el futuro del campo y de su gente. Y qué mejor vara de medir para ganar esa apuesta que la que dibujen los propios presupuestos que aprueben las administraciones públicas. Habrá que estar atentos.