La adopción de la discriminación fiscal positiva como medida efectiva para paliar los efectos de la despoblación ha parecido, hasta la fecha, un imposible para las mismas instituciones que establecían conciertos económicos sin ningún complejo dirigidas a territorios más ricos. Esta misma semana la medida ha sido planteada, incluso, desde provincias situadas en el eje del progreso, como es el caso de unas jornadas en Castellón, beneficiaria teórica del eje del Mediterráneo, mucho menos afectado por la falta de desarrollo secular que caracteriza al oeste peninsular, y dentro del mismo, a Castilla y León que contiene, a su vez, a Zamora. En el caso zamorano, quizá el caso de petición de medidas fiscales favorecedoras, más allá de ayudas y subvenciones a la instalación de empresa, toma cuerpo propio, por historia y por entidad, la reclamación que vienen realizando los municipios afectados por los embalses. La federación nacional, a la que pertenecen los ayuntamientos zamoranos, se reunió días atrás en Toledo y volvió a plantear una vieja aspiración: quedar exentos de pagar los peajes de electricidad por transporte y distribución, que suponen un 32% del recibo de la luz, puesto que no hay transporte que valga en el lugar de origen de la producción.

Zamora, a pesar de no encabezar ya la producción nacional, sigue en puestos de primera línea en cuanto a energía hidroeléctrica, lugar ganado a costa del terreno agrícola perdido desde los años 30 en que empezaron a funcionar las primeras grandes centrales, y siendo pioneros con el primer salto del Duero en la presa del Porvenir del ingeniero Cantero Villamil. Con respecto a 2018, en el año que acaba, y a pesar de la repercusión de la sequía producto de un cambio climático evidente, la provincia aportó un 132% más de producción hidroeléctrica. Fueron más de 1.800 millones de kilovatios por hora los salidos de las turbinas instaladas en las cuencas del Duero, Tera y Bibey. A ello hay que sumar la creciente aportación de los molinos eólicos y las plantas solares, otra vez en expansión a tenor de los datos que esgrimía también la semana pasada la Junta de Castilla y León. Energías renovables, sostenibles y de baja emisión. Se supone que hablamos, como ya se hiciera en el siglo XX, de futuro.

De esos millones de kilovatios por hora los menos beneficiados, por lógica, son los zamoranos, porque la baja densidad de industria se traduce también en un menor consumo de energía en factorías, de empresas que son las que crean empleo y que fijan población. Más allá de la recaudación municipal a través del IBI con el que los ayuntamientos afectados gravan tanto a las presas e incluso a la ocupación de espacio por las instalaciones, cableado incluido, está claro que una rebaja tan importante sería un buen incentivo que debería haberse tenido en cuenta hace ya más de una centuria, antes de que la brecha y el desequilibrio territorial adquirieran las dimensiones actuales. La realidad es que hasta las tasas son objeto de continuo litigio entre municipios y compañías eléctricas, que sigue el debate sobre la España vaciada pero pocas medidas efectivas se ponen en marcha y así, unos, por otros, la distancia entre los más ricos y los que vieron pasar de largo el progreso se acrecienta.

Hay datos que confirman el retroceso de Zamora, cuya renta media fue decisiva para que la región tuviera acceso privilegiado a los fondos europeos hasta 2005, cuando Castilla y León dejó de ser considerada Objetivo 1 por Bruselas y, por tanto, acreedora de las grandes ayudas destinadas al reequilibrio territorial. Y aunque pequeño, el crecimiento de Zamora en esos primeros años del siglo XXI le permitió superar en 2007 ese 75% de la renta media europea hasta llegar al 78,7%. Era un gran salto, hasta el punto de liderar el crecimiento en la región junto a Ávila, con crecimientos superiores a los 2,5 puntos durante 2004, cuando nada hacía presagiar la enorme dureza de la crisis económica que vendría después. La recesión puso fin al sueño europeo de Zamora y los últimos datos de Eurostat nos muestran un decrecimiento hasta el punto de que, en 2016, la convergencia con Europa había retrocedido casi siete puntos y la renta media volvía al 72%. En otras palabras, la provincia, por sí sola, volvería a ser objetivo 1, pero al tomarse como dato el de toda la región y al calcularse la estadística del PIB sobre una población cada vez menor, a Zamora le quedan pocos recursos para hacerse acreedora otra vez de los fondos europeos de forma privilegiada. La colaboración con Portugal para acceder a los destinados a la Raya como Interreg, se convierte, pues, cada vez más, en decisiva.

Y más allá, habrá que esperar a ver cómo la UE desarrolla la política de lucha contra la sangría demográfica sustanciada en el nombramiento de una comisaria en la nueva comisión, la croata Dubravka Suica, que tiene como parte de sus atribuciones lo relativo a población. También la Junta de Castilla y León, a través de su vicepresidente Igea, alza la voz reconociendo que esa convergencia de la propia región con el resto de Europa va menguando. E igualmente, toca esperar a lo que reclama: la nueva financiación autonómica. Solo que falta el piloto de la nave en años cruciales en los que la ineficacia política ha dejado el destino de todo un país en manos de gobiernos interinos. Las perspectivas que se dibujan justo cuando acaban de constituirse las cámaras parlamentarias en la nueva legislatura no hacen concebir esperanzas certeras de salir de esa situación de incertidumbre, porque los políticos siguen empeñados más en intereses partidistas y de cara a la galería de sus correligionarios respectivos que en el interés general para el que han sido elegidos. En esa situación, que nadie espere que puedan abordarse situaciones de tanta enjundia, a pesar de la emergencia en la que vivimos sumidos. Y mucho menos hablar de un debate imprescindible: incentivos fiscales para poder fijar empleo y, con él, población.