Casi dos meses después de celebrarse las elecciones municipales y autonómicas, los gobiernos locales, provinciales y la Junta de Castilla y León empiezan a arrancar la maquinaria. Un tiempo en los que, salvo casos contados, los políticos han demostrado las dificultades de adaptación a lo que entraña el multipartidismo y rozando, a veces, la mercadería para mantener o alcanzar el poder con actitudes que pueden poner en entredicho los valores democráticos que los líderes nos invitan a festejar en cada campaña. En Castilla y León los pactos llegaron y, a pesar de lo manifestado en campaña y después de ella, Ciudadanos ha facilitado al PP prorrogar otros cuatro años más su permanencia en el Gobierno de la Junta de Castilla y León. Alfonso Fernández Mañueco logró la investidura por mayoría absoluta, pero todo indica que la nueva legislatura será de todo menos fácil para el líder de los populares.

La situación de la comunidad y, en particular, de provincias como Zamora, requiere un esfuerzo común, un diálogo entre distintas fuerzas políticas que, a día de hoy, se antoja más que difícil. Por mucho que en su discurso Mañueco quisiera lanzar un mensaje de cooperación al socialista Tudanca, el más votado el pasado 26 de mayo, las negociaciones y posteriores pactos en los distintos ayuntamientos y diputaciones de la comunidad, así como del Gobierno de esta última, han asentado la política de bloques que abocan a una división de los partidos de la que pocos frutos podrán obtenerse. El primer reto, por tanto, será común para todos, porque la tensión que trasladan a la calle solo contribuye a desanimar a los votantes y a pensar que esa fiesta de la democracia que tanto se reivindica en cada convocatoria de las urnas se parece más a una ceremonia de confusión y a un cruce de intereses que raramente coincidirá con el de la ciudadanía.

El nuevo presidente de la Junta de Castilla y León ha enunciado ya los objetivos de la legislatura haciendo votos por reducir la enorme brecha entre territorios y, sobre todo, con el mundo rural. Ese aparente giro hacia la España vaciada tiene nombre propio en el área específica de Defensa Rural que dependerá de la Consejería de Agricultura y cuyas competencias exactas aún tendrán que desgranarse cuando se configure el Ejecutivo. Los objetivos de crecimiento económico, creación de empleo y lucha contra la despoblación se asientan en una serie de medidas que requieren un esfuerzo financiero: una fiscalidad favorable a los municipios de menos de 5.000 habitantes, mayoritarios en Zamora; consultas de alta resolución a las especialidades médicas en hospitales de referencia para los pacientes que vivan alejados de los mismos, es decir, la inmensa mayoría de los zamoranos; 130 millones de euros para cubrir las necesidades de banda ancha de Internet sin la cual será irrealizable tanto éste como otros tantos compromisos; mayor inversión en atención primaria o bonos de transporte rural para facilitar la movilidad en los pueblos, son algunas de las intenciones anunciadas.

Pero todo ello necesitará una herramienta, la nueva financiación autonómica, cuyo logro se antoja imposible precisamente por la falta de entendimiento señalada líneas arriba. Si han pasado dos meses desde que los ciudadanos eligieron a quienes debían asumir las responsabilidades en ayuntamientos, diputaciones y gobiernos autonómicos, son casi tres desde que los votos dieron una mayoría insuficiente a Pedro Sánchez. España lleva tres meses con un gobierno en funciones, sin perspectivas de entendimiento a corto plazo y ya se habla de nuevas elecciones, otra vez. En esas condiciones ¿qué capacidad tendrá el Ejecutivo de Fernández Mañueco de llevar a cabo las promesas de su partido, PP y quien lo apoya Ciudadanos, si esas mismas fuerzas son parte de las que bloquean un entendimiento en el conjunto nacional? Quedan igualmente en el aire las acciones reales anunciadas en la firma del acuerdo con Galicia, Asturias y el norte de Portugal en defensa del Noroeste. De momento las peticiones al Gobierno central tienen un destinatario con poco recorrido, por mucho que se siga reivindicando el Corredor Atlántico. Ni se esperen respuestas más allá del anuncio de la rehabilitación de Monte la Reina por mucho que los senadores zamoranos busquen el foco en una Cámara Alta que funciona bajo mínimos o acudan los diputados de Ciudadanos al Congreso para recordar el problema de la despoblación.

Pese a todo, el guion de la España vaciada sigue su rutina política. La despoblación fue, también, el eje principal del discurso del nuevo presidente de Castilla y León, que ha anunciado la creación de un comité de expertos. Otro más sin que tengamos ningún indicador que nos permita concluir que dicha comisión tendrá algún valor práctico más allá de los reiterados informes que han elaborado diligentemente sus antecesoras.

Los resultados de los comicios locales en la provincia también hicieron tambalearse las estructuras de poder en instituciones que no han conocido más que un signo político en 40 años de andadura democrática. El enésimo cisma en el seno del PSOE puso muy fácil al representante de Ciudadanos, Francisco Requejo, cambiar súbitamente de opinión a pesar de las duras palabras y acusaciones lanzadas contra el PP de Zamora. La crisis socialista sirvió para que triunfara el criterio impuesto desde Madrid a la formación naranja que, seguramente, tampoco hubiera variado sin el grave enfrentamiento entre el alcalde de Toro, Tomás del Bien y el exconcejal y ahora exsenador socialista Antidio Fagúndez, porque resulta difícil imaginar un acuerdo de gobierno en el que Ciudadanos votara lo mismo que Izquierda Unida con el beneplácito de un Albert Rivera cada día más alejado de su idiario inicial.

El resultado en la Diputación de Zamora, la institución en la que descansa la verdadera capacidad para tomar decisiones que afectan directamente a los pueblos de la provincia, queda ahora presidida por Ciudadanos con su único diputado, aunque las áreas de mayor relevancia están en manos del PP que preside todas las comisiones de trabajo. Francisco Requejo sigue asegurando desde su solitaria atalaya que ha llegado la hora del cambio, lo que entraña mucho trabajo y diálogo con sus compañeros de Gobierno. Por el bien de la provincia más vale que sea así, porque mientras los políticos hacen y deshacen sus cuitas internas, la sangría demográfica continúa a un ritmo de cinco personas diarias en la provincia de Zamora y el padrón ha bajado el listón de los 173.000 habitantes.

Por esa razón, a los votantes les puede resultar chocante que los primeros plenos en localidades como Morales del Vino o Roales del Pan hayan tenido como punto del orden del día más destacado la subida de salario de sus respectivos regidores. Nadie duda de que la alcaldesa de Morales, Carmen Lorenzo, y su teniente de alcalde, vayan a dejarse la piel por su pueblo de manera que los 40.000 euros brutos anuales que cobrarán cada una de ellas, por encima, incluso, del salario que percibe el alcalde de la capital, se conviertan en justa recompensa por la mejora de una localidad que tiene ahora mismo una deuda de 500 euros por habitante. El argumento de Carmen Lorenzo no supone ninguna novedad entre las excusas a las que acostumbran los recién desembarcados en un cargo institucional: que cobrará mucho menos que en su profesión original como funcionaria de carrera. No parece ser ese el mismo caso que el alcalde de Roales, el único edil de Vox, también pactado con PP y PSOE, lo que le valió al concejal socialista ser expulsado del partido. El regidor de Roales ha doblado el salario de su antecesora y cobrará más de 1.200 euros al mes por una jornada de 15 horas semanales. También se han doblado de 50 a 100 euros las indemnizaciones del resto de concejales con representación en los grupos de trabajo. Mucho, pero mucho, tendrán que demostrar para librarse de las críticas recibidas. En definitiva, para que todos los políticos evidencien que lo que tienen en mente es el interés general, y no el del sillón. Los zamoranos no pueden permitirse mantener a políticos por encima de sus posibilidades.