En 1985 las Murallas de Ávila fueron inscritas en la lista mundial de la Unesco por el excelente estado de protección de la estructura medieval, reconocimiento renovado y ampliado en 2007. El pasado año, casi 300.000 turistas pagaron por acceder al adarve -la estructura superior- y recorrer el monumento defensivo, principal atractivo turístico de la ciudad de Santa Teresa. En Galicia, Lugo compensa su discreto atractivo para el viajero con la completa conservación de una Muralla de origen romano, patrimonio mundial desde el año 2000, que permite recorrer casi toda la ciudad desde una óptica privilegiada.

El estado de conservación es, precisamente, una de las principales diferencias entre los dos casos anteriores y la fortaleza de Zamora, expuesta a desafortunados acontecimientos históricos que la ciudad intenta hoy remediar. Una situación que arrancó en 1868, cuando Zamora perdió la condición de plaza fuerte y comenzó a permitir la edificación junto al lienzo levantado en el siglo XI. En suma, a finales del XIX las autoridades entendieron que el casco urbano no era lo suficientemente permeable para el tránsito de la incipiente circulación, primero los carros y más adelante los primeros vehículos a motor. Como consecuencia, las principales puertas de acceso fueron derruidas. Los zamoranos de aquel tiempo no vieron la importancia de un denostado bien patrimonial, solo la necesidad de cruzar el primer recinto de una manera más rápida y cómoda.

La historia del infortunio se completó en 1967, cuando se demolió la última puerta en pie, que daba acceso a la actual avenida de Santa Clara. De nuevo, pesó más el interés urbanístico por el ruinoso solar donde se hallaban los restos pétreos, que la restauración de aquellos vestigios, a los que los zamoranos dieron la espalda. Precisamente, el Estado tomó nota de lo que ocurría en provincias como Zamora donde corría un serio riesgo el patrimonio e inscribió a su nombre todo lo que consideró bienes históricos, incluida la Muralla de la ciudad. La capital permaneció ajena a la maniobra y perdió, temporalmente, la pista del nuevo titular de la infraestructura.

En 1986, el arquitecto Francisco Somoza redactó el primer Plan de Ordenación Urbana, donde ya se veía la liberación del lienzo medieval como una actuación fundamental. El coste, estimado en unos 700 millones de pesetas, haría inviable el proyecto. Habría que esperar a los noventa, una década clave, para observar los primeros avances en el acondicionamiento exterior del recinto amurallado. Fue entonces cuando el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales "regaló" un plan de iluminación de la Muralla y de algunas iglesias, que acabó ejecutándose durante el mandato de Andrés Luis Calvo. El alcalde socialista había venido pidiendo a la Junta de Castilla y León actuaciones para neutralizar el serio deterioro en algunos tramos, intervenciones que se fueron produciendo casi a regañadientes en zonas como las Peñas de Santa Marta.

Pero había otra tarea pendiente: la liberación en la zona de la avenida de La Feria. El "glacis" -la ladera entre las aceras y el muro medieval- había sido ocupado por diversas construcciones que debían comenzar a retirarse. Luis Calvo descubrió la fórmula para afrontar el coste económico. La nueva Ley de Mecenazgo posibilitaba la participación de entidades privadas a cambio de desgravaciones fiscales. A la tarea se sumaron, aunque de una forma pírrica, las obras sociales de las cajas de ahorro.

Las primeras demoliciones comenzaron en 1998, ya con Antonio Vázquez en la Alcaldía. Sin embargo, seguía sin resolverse una cuestión fundamental: la de la conservación. En la década de 2000 aumentó la presión política contra la Junta, hasta que el arquitecto Francisco Javier Rodríguez Méndez, que había redactado el primer Plan Director de la Muralla, deshizo el malentendido. Se había errado el tiro. Las reclamaciones debían remitirse al titular de la infraestructura: el Ministerio de Cultura, no la Administración regional. Y así es como Rosa Valdeón envió las primeras misivas al Gobierno de Zapatero, reclamando al Ministerio de Cultura, que regía Ángeles González-Sinde, una profunda intervención, reducida hasta la fecha a actuaciones puntuales para prevenir o corregir derrumbes en diversos tramos de los tres kilómetros totales de la vetusta construcción.

El actual regidor, Francisco Guarido, ha destinado buena parte de los esfuerzos del mandato a completar la liberación de la avenida de la Feria, proyecto que por fin ve la luz. Pero dicho avance se quedará en agua de borrajas si la gran asignatura pendiente no se aprueba. Resulta vital la intervención del Estado para recuperar la mejor versión del lienzo en esta zona. Un proyecto para la restauración de la mampostería y la urbanización del cada vez más desocupado "glacis", que debería transformarse en un espacio ajardinado que embellezca un nuevo y atractivo paseo para la ciudad, junto a unas murallas adecuadamente iluminadas que sumen atractivo a la "marca Zamora" que se quiere construir, junto con sus símbolos universales: la Semana Santa y el patrimonio románico.

Esta actuación resulta capital si Zamora quiere importar parte de la fórmula de oro de ciudades como Ávila. Solo así se culminará con éxito la vieja aspiración de la década de los ochenta y podrá hablarse de un nuevo elemento capaz de generar, por sí mismo, el empujón turístico que precisa la ciudad como un necesario incentivo económico y demográfico. Puede darse por buena la voluntad expresada por la delegada del Gobierno, Virginia Barcones, este viernes, tras una visita a la zona. Esperemos que el compromiso de un estudio y posterior intervención por parte de la Dirección General de Bellas Artes pueda ser el inicio de una nueva senda y no se quede en iniciativa atropellada por la proximidad de la cita electoral.