Zamora contaba a finales del siglo XIX con 350.000 habitantes, casi más población que Guipúzcoa y Vizcaya juntas. En 1950 sumaba 316.000 personas censadas y ahora no llega a 180.000. La pérdida media en la última década se cifra en unos 3.000 residentes al año. Hasta principios de este siglo la sangría se centró en el ámbito rural, víctima de un proceso de emigración muy fuerte primero a países europeos y después a centros de desarrollo dentro del país, principalmente Madrid, País Vasco, Cataluña y Valladolid. Siempre la pérdida poblacional ha afectado a personas jóvenes, en periodo laboral. Desde 2008, además a zamoranos con títulos universitarios. La provincia suma 16 habitantes por kilómetro cuadrado y el ámbito rural no pasa de cinco.

La pérdida de población, que constata periódicamente el Instituto Nacional de Estadística (INE), afecta, en mayor o menor medida, a todo el país, pero se ceba de manera muy cruel con algunas comunidades autónomas como Castilla y León y, de forma especial, con provincias muy rurales como Zamora. El padrón de la región apenas pasa de 2,4 millones de habitantes, 20.000 menos que hace un año. La estadística muestra una deriva que no acaba de contrarrestar los planes de despoblación.

La tasa de mortalidad es superior a la de natalidad, el número de empresas es menor que hace un lustro, los jóvenes universitarios son cada vez menos. La realidad es dura: uno de cada cuatro habitantes de Castilla y León supera los 65 años, sectores que hace años fijaban censos, como la minería, hoy están en descomposición. El medio rural agoniza y pierde activos de forma permanente y los pueblos se quedan sin gente. El panorama es desalentador y, lo peor, es que cambiar la situación no parece fácil porque las iniciativas llevadas a cabo hasta ahora han quedado en nada, diluidas como un azucarillo. La pregunta es, entonces, ¿qué hacer ante ese panorama? Lo primero, desde luego, asumir la situación.

Ha fracasado la política demográfica de la Junta de Castilla y León, que ha sido incapaz de aplicar con éxito el ideario del Observatorio de la Población y de su comité de sabios, no han sido efectivos planes parciales como el de ayudas por hijo. Las medidas que ha pedido la Comisión Especial del Senado sobre la Evolución Demográfica en España -fondos finalistas para proyectos concretos- no se han aplicado y los servicios públicos, sobre todo en el ámbito rural, empiezan a resentirse.

La presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, ha acudido en varias ocasiones a la Comisión Europea y al propio Parlamento de la UE buscando un tratamiento especial para regiones despobladas. Este órgano ha aprobado una resolución en la que, entre otras cuestiones, demanda más ayudas comunitarias a las regiones europeas con población envejecida, baja natalidad y éxodo de jóvenes.

El documento europeo pide que las políticas a aplicar se basen no solo en criterios económicos, como el PIB, sino también en demográficos, como el envejecimiento o la dispersión de la población. Demanda que se incluyan en los presupuestos partidas específicas contra la sangría demográfica, en particular en materia de cohesión, agricultura, empleo, medioambiente, sociedad de información, I+D, educación, política social o transporte.

Ayer en Zamora, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quiso abanderar el "rescate" del medio rural garantizando el empleo y los servicios a los 15 millones de españoles que desean permanecer en los pueblos españoles. En la convención del Partido Popular sobre "Medio Rural y Reto Demográfico", Rajoy anunció un fondo de 100 millones de euros para conseguir este objetivo, además de duplicar la vigencia de la "tarifa plana" en la cuota de los autónomos en las provincias españolas e impulsar la implantación de la fibra óptica en los pueblos con 525 millones de euros, 7 de ellos en Zamora.

Rajoy habló también de introducir el criterio demográfico en el reparto de las partidas presupuestarias. La música suena afinada con la partitura de Europa, pero el Gobierno -el actual y los que le sucedan- no puede olvidar que Zamora no puede aguardar eternamente a que las promesas para el conjunto del país se concreten en una pequeña provincia del noroeste español. Ya no hay tiempo: pronto el ratio de muertes por nacimientos puede incrementarse y agudizar la grave sangría del capital humano. Zamora necesita recibir la ayuda necesaria de forma urgente. Y no solo eso: la provincia precisa que el Gobierno se ocupe de que las futuras inversiones consigan su objetivo: garantizar la sostenibilidad de su población.