La conexión real del territorio provincial a la fibra óptica y, por tanto, a las redes de Internet de alta capacidad, puede considerarse un poco más cerca tras el proyecto expuesto esta semana desde la Junta de Castilla y León con la colaboración del Ministerio de Educación denominado "Escuelas conectadas". La principal barrera que impide al mundo rural el acceso a las nuevas vías de comunicación, definitivas para garantizar un futuro en los pueblos amenazados por la despoblación, es el desinterés de las operadoras privadas en acometer la obra civil que requiere la instalación de la fibra óptica.

Hasta ahora, solo la acción individual de los ayuntamientos, media docena de 248 en Zamora, ha permitido soslayar el muro de la falta de rentabilidad que alegan las empresas de telefonía. Ahora, la acción institucional busca un camino intermedio financiando la obra de su bolsillo para llegar a las escuelas rurales y así acercar los clientes de forma que las operadoras encuentren un aliciente más para su abultada cartera de negocio y aparquen las negativas, incluso cuando el Ministerio de Fomento asume hasta un 70% del gasto para esas zonas consideradas "no rentables".

El problema seguirá existiendo, sin embargo, para aquellos municipios donde la escuela rural se haya cerrado por falta de niños, una realidad desgraciadamente cotidiana cada curso educativo en Zamora. En la presentación del proyecto, la directora general de Telecomunicaciones, María Victoria Seco, insistió en una consideración generalizada que urge desterrar en nombre del futuro del futuro del medio rural: el acceso a Internet no puede concebirse a estas alturas del siglo XXI como un servicio privado, tal y como lo definió la representante institucional. Aceptar tal definición resulta tan anacrónica como hacerlo con el suministro eléctrico o la telefonía a cualquiera de nuestros pueblos. Y, sobre todo, es cerrar los ojos a la propia política europea y en concreto al dictamen emitido a finales del pasado año por el Comité Europeo de las Regiones que recomienda a la Comisión de la UE y, por ende, a las naciones y a los entes regionales y locales, considerar el acceso a Internet como un servicio público, es decir, como un derecho inalienable de todos los habitantes de una población.

Resulta inaudito que, por un lado, se esté luchando en Bruselas por partidas específicas contra la despoblación y por otro se obvie el documento mencionado que trata, precisamente, de la revitalización de las zonas rurales a través de la acción Smart Villages, iniciativa de la Comisión Europea.

El Comité Europeo de las Regiones no puede ser más claro al señalar que "mejorar la prosperidad rural y la viabilidad de las áreas rurales se encuentra entre las tareas más urgentes" para conseguir "una mayor sostenibilidad económica y medioambiental". En la acción Smart Village participan los comisarios de Agricultura y Desarrollo Rural, Política Regional, así como de Movilidad y Transportes, con el fin de adoptar un planteamiento coordinado y transversal a la hora de desarrollarla. Y eso que el propio Comité considera insuficiente dicha iniciativa y hace hincapié en mejorar la propuesta para el periodo de financiación posterior a 2020, proponiendo acciones "de abajo a arriba" y de "base territorial".

Las acciones que se ponen en marcha desde los distintos territorios deberían, por tanto, tener en cuenta las recomendaciones políticas del Comité de las Regiones que propone introducir la cuestión de la conexión digital en la Agenda Rural Europea y se marca como meta superar la brecha digital cada vez más grande entre el mundo urbano y el medio rural. Expresamente se piden "medidas sencillas y fácilmente reproducibles y accesibles por parte de los municipios de muy pequeño tamaño que normalmente no disponen de suficientes estructuras capaces de aplicar rápidamente medidas inteligentes" y reclama prestar mayor atención a las regiones rurales periféricas que "afrontan crecientes dificultades" de comunicación, alentando el refuerzo de la cooperación transfronteriza. Una baza que en Zamora y, por extensión toda Castilla y León, se podría jugar con la implicación de Portugal, una vía en la que queda camino por explorar.

La UE tiene marcado como objetivo que toda Europa alcance en 2020 la velocidad media de los 30 megas en el acceso a Internet, "inclusive en las zonas rurales y más aisladas". En Zamora el porcentaje de población que dispone de banda ancha no llega al 50% de los usuarios, incluidos los de los ayuntamientos que han pagado de su bolsillo la conectividad. Si lo que contabilizamos son núcleos, entonces la situación es aún más dramática: el 95% de los pueblos carece de conexión.

El documento del Comité de las Regiones es ambicioso y señala cuestiones claves. De la cobertura digital, establece, dependerá el desarrollo del sector agrícola, resaltado como fundamental para capacitarlo en formación de nuevas tecnologías y facilitar así un relevo generacional que ahora no existe y que tendría herramientas con las que posicionarse en relación a mercados y proveedores. Porque los representantes del Comité reconocen, en definitiva, que las nuevas autopistas de la información resultan vitales para el mantenimiento del medio rural.

Por ello, el proyecto "Escuelas conectadas" que impulsan Gobierno central y Junta puede ser un buen paso adelante, el primer pilar, pero el camino requiere mucha más determinación. Y son los propios representantes europeos los que marcan una senda ineludible para el porvenir de nuestros pueblos que todas las instituciones deberían seguir con mayor ambición.