En estos días las distintas comunidades autónomas están celebrando la PAU (Prueba de Acceso a la Universidad), que desde su propio nombre denuncia ya su despropósito, porque no es una prueba, puesto que el alumno se examina de entre cuatro a nueve disciplinas distintas según las comunidades autónomas. Así que, de entrada, más valdría que se denominase Pruebas de Acceso a las Universidades. Pero, evidentemente, esto no deja de ser la parte cómica de una tragicomedia, o, mejor, de un esperpento. Porque el hecho es que cada comunidad autónoma regula las particularidades de las pruebas, lo que afecta tanto al número de las materias de la fase general (cinco en las comunidades autónomas con lengua cooficial y cuatro en las restantes) como al de las de la fase específica (tres en Cataluña y cuatro en el resto), así como a los contenidos de cada materia, con desajustes entre unas comunidades autónomas y otras en ocasiones de más del 50% (por ejemplo, entre el número de autores de Filosofía, cuatro en Andalucía y doce en Madrid), además de a los criterios de corrección y, por supuesto, a las temidas notas de corte entre las distintas facultades. Y por si fuera poco, en las comunidades autónomas con lengua cooficial esta entra en la fase específica, con lo que los alumnos se examinan de tres lenguas (castellano, un idioma extranjero y la correspondiente a su comunidad autónoma), pero en el resto del país solo pueden hacer castellano y una lengua extranjera.
Y todo ello al amparo de una legislación educativa parcialmente transferida a las comunidades autónomas que les da un amplio margen en la configuración curricular de la enseñanza y, por lo tanto, en las pruebas de acceso a su Universidad, de manera que, y aquí empieza la mascarada esperpéntica, la exigencia a la que se ven sometidos los alumnos para acceder a los estudios universitarios es dispar. Pero lo que confiere a la PAU el aspecto trágico de este esperpento educativo que es nuestro país es que una vez que un alumno obtiene en su comunidad autónoma una nota de corte, puede matricularse, no ya en su Universidad, sino en la Universidad que quiera, dentro o fuera de su comunidad autónoma, de tal manera que el agravio entre alumnos es dramático. Con temario distinto, diferente número de materias a examen y criterios de corrección dispares, la nota de corte obtenida posibilita que unos alumnos puedan acceder en mejores condiciones que otros a unos estudios de una determinada Universidad, ya que la Universidad, tras las pruebas de acceso, ahora sí, es considerada como un distrito único, con lo que la distribución de plazas se hace en función de la puntuación y, lógicamente, aquellas universidades más prestigiosas presentan notas de corte que exigen casi la perfección en algunas facultades, aunque esa perfección se esté mostrando en una calificación obtenida con las diferencias señaladas. Y este disparate, además de la indignación, incrementa las desigualdades de oportunidades de acceso a la enseñanza superior, lo que acaba conduciendo a traslados no deseados, o a la Universidad privada, con los consiguientes costes, en muchos casos excluyentes para poder continuar estudiando.
Esta situación, silenciada por los políticos de todos los partidos, incluso en plena campaña electoral, se va a agravar aún más con el desarrollo de la Lomce, que el próximo curso afecta ya a 2.ª de Bachillerato. Porque la supresión de la PAU, tan cacareada, da paso a una reválida de Bachillerato, tan callada, que incorpora, con criterios aún por determinar y al arbitrio de las comunidades autónomas, que el alumno que la supere no es solo que no podrá acceder a los estudios universitarios, sino que no obtendrá el título de Bachillerato.
Desde este mismo diario he clamado en otras ocasiones por que la enseñanza pase a ser una competencia exclusivamente estatal con la consideración de tema de Estado y de nuevo hago hincapié en ello, porque solo desde una concepción partidista, y probablemente pueblerina, de la enseñanza puede sostenerse que el acceso a la Universidad española, tenga sus sedes en la parte del territorio que sea, esté viciado "ab initio", lo que, si de ley hablamos, produce la invalidación automática, y si de justicia, una de las mayores vergüenzas de nuestro país. Y con esta situación, que nadie hable ni de derecho a la enseñanza, ni de igualdad de oportunidades.
Luis M. Esteban. Profesor (Zamora)
