Carlos Cuerpo: los cinco retos del sucesor de Calviño al frente del ministerio de Economía

El nuevo ministro de Economía, Comercio y Empresa será el extremeño Carlos Cuerpo (Badajoz, 1980), hasta ahora secretario general del Tesoro. Cuerpo sustituye a Nadia Calviño que abandona su puesto de vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Comercio y Empresa para iniciar el 1 de enero de 2024 una nueva etapa en el exterior como presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y deja varios frentes abiertos a su sucesor.

La nueva vicepresidenta primera del Ejecutivo será María Jesús Montero que sigue ocupando el cargo de Ministra de Hacienda, pero pierde la responsabilidad de Función Pública que la asume José Luis Escrivá, ministro de Transformación Digital y Función Pública.

Cuerpo es licenciado en Economía por la Universidad de Extremadura en 2003, máster en Economía por la London School of Economics y doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid, ingresó por oposición en el Cuerpo de Técnicos Economistas del Estado, en 2008. 

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Desde agosto de 2021, ha sido secretario general del Tesoro y Financiación Internacional, después de hacerse cargo durante año y medio de la Dirección General de Análisis Macroeconómico del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Entre 2014 y 2020, trabajó para la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiReF), primero como subdirector general de Endeudamiento Público y posteriormente como director de la División de Análisis Económico.

La herencia de Calviño está plagada de 'puntos calientes': la entrada de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en el accionariado de Telefónica, la reducción de la deuda pública y del déficit para ajustar las cifras a las nuevas reglas fiscales y la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. Pero sin duda, el principal reto es la gestión y por lo tanto la canalización de los fondos europeos. Estos son los cinco desafíos del nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo:

Fondos europeos

A escasos días de finalizar el 2023, el Gobierno solicitó formalmente a la Comisión Europea el cuarto desembolso del Plan de Recuperación y Resiliencia por valor de 10.021 millones de euros, vinculado al cumplimiento de 61 hitos y objetivos. Estos fondos europeos se añadirán a los 37.036 millones de euros ya recibidos hasta la fecha, a cargo del total de 77.000 millones de euros en transferencias europeas asignadas a España, cuya ejecución total debe culminar en 2026.

Ahora el reto está en gestionar los préstamos y créditos que más adelante deberá reembolsar: en 2024 está previsto que lleguen algo más de 15.400 millones de los hasta 83.000 millones de préstamos europeos que serán gestionados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), el BEI y otras entidades públicas.

El ICO será el principal gestor: canalizará unos 40.000 millones en préstamos a través de cinco fondos para que empresas y pymes inviertan en la transición ecológica y digital, refuercen su competitividad y contribuyan al acceso a nuevos mercados. Aquí aparecerá "la demanda de la industria y de los sectores que teóricamente se iban a ver más beneficiados por los fondos europeos, pero a los que apenas han llegado", apunta el economista Javier Santacruz. Por ahora, los fondos europeos "no están aportando al crecimiento el 1,5% que se esperaba", completa Andrés Pedraza, presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas.

Deuda pública y déficit

Después de tres años de política expansiva marcada por la pandemia, el año 2024 da la bienvenida a la reforma de las reglas fiscales europeas. Si bien su aplicación completa no se verá hasta 2025, el nuevo año se contempla como un ejercicio de transición hacia el modelo acordado por los Veintisiete. A partir de ahora, el déficit público de los Estados miembro deberán estar por debajo del 3% del PIB y la deuda no deberá superar el límite del 60% del PIB. A estas referencias se añade una nueva en el ámbito del déficit: el límite del 1,5% del PIB para aquellos países que ya lo tengan por debajo del 3%, pero mantengan su deuda por encima del 60% del PIB. En base a estas cifras, los países seguirán una senda de estabilidad individualizada que se definirá a partir de un techo de gasto anual. España cerró 2022 con una deuda del 113% y un déficit público del 4,8% del PIB, uno de los más altos de la UE, por lo que deberá presentar un plan de ajuste a cuatro años (o siete si se asumen determinados compromisos de inversión) para garantizar su reducción.

Telefónica, la SEPI y los saudíes

El anuncio del grupo Saudi Telecom (STC), perteneciente en un 64% al fondo soberano saudí, de entrar en Telefónica a principios de septiembre sacudió el mercado español de las telecomunicaciones y abrió el debate sobre la entrada del Estado en empresas consideradas estratégicas. Con una inversión de 2.100 millones de euros, STC se convirtió en el primer accionista de la firma mediante la compra directa de un 4,9% y la posibilidad de acceder a un 5% más en forma de derivados.

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El Gobierno ha contrarrestado la incursión de Arabia Saudí en Telefónica a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI): a mediados de diciembre, el Consejo de Ministros acordó que la SEPI adquiriese un 10% del capital de la multinacional española por 2.000 millones de euros. Así, el Estado podrá conformar un núcleo duro español junto a los otros dos grandes inversiones nacionales en Telefónica: CaixaBank y BBVA.

Creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero

Poco antes de retirarse del cargo, Calviño retomó la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero que quedó en el olvido por la convocatoria de las elecciones generales del pasado julio. El texto fue aprobado por el Congreso el pasado mayo, y tras haber sido sometido a audiencia pública, la intención del ministerio de Economía es poner en marcha la institución en 2024. Es uno de los hitos obligatorios que el Gobierno deberá cumplir ante la Comisión Europea como paso previo para recibir los 10.261 millones de euros en subvenciones y los 16.632 millones en préstamos del séptimo pago de los fondos europeos en el primer semestre de 2025.

Relaciones con la UE

Se trata de un año fundamental para la Unión Europea por la convocatoria de las elecciones europeas de cara al verano de 2024, pero los temas económicos no se verán alterados. El primer tema a tratar a tratar será llegar a un acuerdo sobre la revisión del marco financiero plurianual de la UE en el Consejo para finales de año, solo así se podrá ampliar algunas partidas a principios del próximo año a través de un presupuesto rectificativo que deberá proponer la Comisión Europea. Pero hay más asuntos. En 2024 se deberá tratar "la reforma del mercado de las telecomunicaciones, la adecuación del marco de ayudas de Estado y las reglas de competencia", entre otras cuestiones, apunta Santacruz.

Bonus: alcanzar el pleno empleo

Si bien el ansiado pleno empleo efectivo pertenece más a las responsabilidades del Ministerio de Trabajo y Economía Social, Calviño subrayó en numerosas ocasiones que este sería uno de los principales objetivos a conseguir durante la actual legislatura. No es nada fácil alcanzar este valor que en España debería situarse en torno al 7%. España mantiene la tasa de paro más alta de la zona euro con un 11,84% y también encabeza la lista europea de jóvenes desempleados (27,8%), mientras que la media de desempleo en la Unión Europea se mantuvo en el 6% en octubre y en el 6,5% en la zona euro. La última vez que se consiguió el pleno empleo efectivo en España fue en 2007, justo antes del estallido de la burbuja inmobiliaria.