La Comisión Europea ha planteado un ultimátum a España por dificultar a los ciudadanos el pago de impuestos a través de domiciliaciones bancarias desde cuentas en entidades establecidas fuera del país, una práctica contraria a la legislación comunitaria sobre requisitos técnicos y empresariales para transferencias en euros.
La Comisión Europea argumenta que el diseño de la normativa española impide que los ciudadanos y empresas de fuera del país paguen impuestos y es contrario a la normativa europea.
Dado que la legislación española sobre impuestos establece que los bancos debe ser catalogados como "entidades colaboradoras" por las autoridades españolas para efectuar estos pagos, por lo que en la práctica es muy difícil para un proveedor extranjero obtener esta autorización, según ha valorado la Comisión Europea.
El ultimátum a través de un dictamen motivado es la segunda etapa de los procedimientos europeos de infracción. España dispone ahora de dos meses para responder a Bruselas, que podría en última instancia, llevar el asunto a la Justicia europea si las autoridades españolas no corrigen la situación.
Otro ultimátum por la eficiencia energética
Además, la Comisión Europea dio otro ultimátum a España, Croacia y Luxemburgo por no garantizar la plena adaptación a su legislación nacional de una normativa que modifica la Directiva sobre la eficiencia energética de los edificios.
Bruselas envió a los tres países un dictamen motivado (segundo paso del procedimiento de infracción comunitario) y les dio dos meses para responder a una serie de cuestiones, advirtiendo de que en caso de que no dé una respuesta satisfactoria podría denunciarles ante el Tribunal de Justicia de la UE.
Las normas revisadas debían haber sido adaptadas a la legislación nacional antes del 10 de marzo de 2020.
En mayo de 2020, los tres Estados miembros recibieron una carta de emplazamiento por la no transposición de la Directiva, recordó el Ejecutivo comunitario.
Después de haber examinado las medidas nacionales adoptadas, la Comisión considera que la transposición no está completa en ninguno de esos tres países.
La directiva en cuestión introdujo nuevos elementos para reforzar la Directiva sobre la eficiencia energética de los edificios, incluidos los requisitos mínimos para los nuevos edificios así como sobre electromovilidad y puntos de recarga, y nuevas reglas sobre la inspección de los sistemas de calefacción y aire acondicionado.
Según Bruselas, esa normativa da una fuerte señal política del compromiso de la UE para modernizar el sector de los edificios, teniendo en cuenta las mejoras tecnológicas y pretende aumentar la tasa de renovación de edificios para mejorar el rendimiento energético del parque inmobiliario de la UE.
