El presidente de la Federación de Caza de Castilla y León, Santiago Iturmendi,achacó ayer a la falta de relevo generacional y a los estragos de la crisis económica el "bajón" en el número de cazadores en la Comunidad.

Según explicó Iturmendi antes del inicio en Ávila de la Asamblea General de la Federación Autonómica, en Castilla y León se ha pasado de 170.000 a menos de 100.000 cazadores federados y no federados.

En este sentido, el presidente apuntó que el número de federados se ha visto reducido a los actuales 16.000, cuando en 2005 esa cifra se situaba en los 22.000.

"Nos falta relevo generacional", insistió el máximo responsable de los cazadores de la Comunidad, quien opina que se trata de una actividad que está "demonizada y mal vista por la sociedad", lo que ha atribuyó a que "se hace muchísima demagogia, sobre todo desde ciertos medios".

Y todo ello, pese a que según Iturmendi, desde "la clase científica rigurosa" se considera que la caza es "un elemento regulador de las poblaciones de animales".

Junto a la falta de jóvenes que se incorporen a esta actividad, Iturmendi también se ha referido a los efectos que la crisis ha tenido en la bajada del número de cazadores, especialmente entre la gente mayor que "ha ido colgando la escopeta".

Desde su punto de vista, los factores que han influido en ello son "la escasez de caza, la falta de facultades y los precios de las licencias", de ahí que cada año que hay que renovar el permiso de armas, muchos cazadores mayores deciden no hacerlo.

A estos dos factores, el presidente de la Federación de Caza de Castilla y León añade "las dificultades" que la propia actividad cinegética tiene para desarrollarse como consecuencia de los "muchos sectores que tiene en contra" esperando que esto no influya en el futuro de esta actividad en Castilla y León.

En este sentido, se ha refirió a un secto al que denominó "anticaza", integrado desde su punto de vista por los que "no quieren que se cace porque no les gusta, en aplicación de unos criterios que no son democráticos". "A nadie le obligan a cazar, pero la caza es una actividad reglada y nosotros tenemos derecho a cazar", sostiene Santiago Iturmendi, quien ha hecho de esta frase un "lema" dentro de la Asamblea General de la Federación.

Al respecto, insistió en el "derecho" del colectivo de cazadores ha practicar esta actividad, y a que las relaciones tanto con la Junta como con el Ministerio "sean mejores", al mismo tiempo que lamentó el hecho de que las relaciones con la Federación Española estén "prácticamente rotas", tras un proceso electoral en 2012 que la Audiencia Nacional ha obligado a repetir.