Marcha atrás al Plan de Urbanismo de Puebla de Sanabria

Las mociones presentadas por Partido Popular sobre las ordenanzas en vigor, de Futuro sobre el Plan Urbanístico y de Concejala no adscrita en relación a la residencia de mayores, centraron el contenido de la sesión plenaria ordinaria celebrada este martes en Puebla de Sanabria. La aprobación de actas quedó pendiente a instancias del Grupo Popular, cuyo portavoz, Gustavo Alonso Chimeno, señaló que no había recibido ninguno de los expedientes a tratar en el pleno. 

La primera moción que se aprobó por unanimidad fue la del Grupo Popular para que se depuren y publiquen las ordenanzas municipales que están en vigor. El alcalde socialista, José Fernández Blanco, reconoció que “hay algunas obsoletas y que hay que cambiar”. 

El Pleno acordó por 5 votos a favor de Futuro, PP y concejala no adscrita, y 3 en contra del PSOE, aprobar la moción del grupo Futuro para la devolución del expediente del Plan de Urbanismo y la apertura de un periodo de alegaciones de dos meses para su estudio, y el apoyo desde el Ayuntamiento aquellas que se consideren admisibles. El Plan Urbanístico lleva seis años de tramitación.

La moción con dos puntos se desglosó para su votación por separado a petición del alcalde. La moción defendida por el portavoz de Futuro, José Ignacio Alonso de Prada, incluye una reunión con el técnico redactor del Plan con participación de todos los grupos, que sí fue respaldada por unanimidad. La finalidad de esa reunión es redactar “un plan más acorde a nuestras necesidades urbanísticas; como dijimos aplicando el sentido común y sin dar margen a la especulación”. 

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El portavoz de Futuro argumentó que “se necesita promover y facilitar suelo urbano e industrial o de lo contrario este Ayuntamiento se verá abocado a un estrangulamiento en la construcción de nuevas viviendas y por tanto a la imposibilidad de crecer demográficamente, principal reto de nuestra zona”. Esa ampliación “no significa barra libre para hacer lo que se quiera, ni dar cancha a la especulación”, sino “un plan de normas urbanísticas más racionales y acordes a las necesidades”. El actual plan es “excesivamente restrictivo”. 

Los propietarios que presentaron alegaciones al actual plan “están recibiendo comunicaciones de la Junta de Castilla y León donde se reconocen deficiencias graves en la elaboración del citado plan urbanístico, lo que puede degenerar, en caso de aprobación del mismo, en los términos actuales, en un sinfín de demandas judiciales”.

Aprobar el plan y a posteriori solicitar modificaciones puntuales es “totalmente ineficaz por la tardanza que lleva resolver estos trámites, en algunos casos plazos superiores a cinco años”. 

El alcalde replicó sobre la ampliación de suelo industrial que “el polígono no está colmatado” ya que hay disponibilidad de suelo y no se han ejecutado todas las obras previstas “luego difícilmente se puede pedir otro polígono”. En cuanto al suelo para vivienda, el plan parcial SAU 2 “está sin desarrollar”. “Hay suelo para 674 unidades” frente a las 1.327 existentes. 

En cuanto a las “deficiencias graves” del plan, Fernández contestó que “no es verdad” y se remitió a dos informes de la Junta, uno de Zamora y otro de Valladolid, con disparidad en cuanto a las correcciones de 200 a 17. Sobre un nuevo periodo de alegaciones y exposición “ya hemos tenido dos”. En relación a determinadas alegaciones de ampliación de suelo “son inviables” por “una Ley del Suelo que hay que cumplir”. 

La moción de la concejala no adscrita, María Martínez Santiago, dejó en evidencia el grave problema social y económico de los mayores y sus familias por la falta de una residencia y un Centro de Día, que supone el “desarraigo” al tener que buscar residencia en otros municipios y en muchos casos el no poder hacer frente al gasto de ingreso. 

La concejala propuso que en el plazo de 3 meses haya un acuerdo con el empresario que iba a construir el Centro de Mayores al ser la vía más rápida y factible. En segundo lugar, con carácter subsidiario sin ese acuerdo, convocar antes de junio un pleno extraordinario donde se dará cuenta a concejales y a los vecinos de las gestiones realizadas y antes de que finalice este año 2024, se adopten las medidas necesarias para la búsqueda de financiación que fuese necesario. María Martínez pidió a todos los concejales su compromiso “en la búsqueda de la solución a este problema y que antes de que acabe este año, podamos decir a los vecinos que no van a tener que marchar de su pueblo y de su tierra”. 

El debate, además del problema social, dejó sobre la mesa el problema sobre la ejecución o recuperación de los terrenos vendidos destinados a la residencia y la sentencia que dejó en evidencia al Ayuntamiento que no cumplió con el desarrollo urbanístico –la publicación y construcción de una rotonda-.

Nada se concretó para empujar la construcción de la residencia en sendas reuniones con el titular de los terrenos que quiere revender al Ayuntamiento 7.000 metros cuadrados de los 10.000 metros que adquirió, ni con los responsables de la Junta que no están dispuestos a sufragar no una residencia ni un centro de Día en Puebla y que se decantan por la asistencia domiciliaria. 

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