España y 11 países de la UE piden a Bruselas que mantenga la protección al lobo

Los gobiernos de doce países de la Unión Europea, entre ellos España, han reclamado por carta a la Comisión Europea que mantenga inalterada la protección legal del lobo, rechazando así una resolución del Parlamento Europeo que pedía cambiar su estatus para mitigar los daños sobre la ganadería.

En una misiva impulsada por Eslovaquia y enviada este lunes al comisario de Medioambiente, Virginijus Sinkevicius, los ministros del ramo de Bulgaria, Alemania, Grecia, España, Irlanda, Chipre, Luxemburgo, Austria, Portugal, Rumanía y Eslovenia rechazan “inequívocamente la tendencia de la resolución a debilitar la protección legal del lobo”.

“El lobo gris, junto con el lince eurasiático y otros carnívoros, desempeñan un papel indispensable en la regulación de la abundancia de poblaciones de caza y en la mejora de su salud”, señalan.

La UE protege a las especies vulnerables en la Unión Europea a través de la Directiva Hábitats y prohíbe abatir o capturar deliberadamente lobos salvajes.

Pero la Eurocámara aprobó el pasado noviembre por amplia mayoría una resolución no vinculante que pedía garantizar “una coexistencia equilibrada entre las personas, el ganado y los grandes carnívoros, en particular en las zonas rurales, y que debe reconocerse que las fluctuaciones en los niveles de población de ciertas especies pueden causar una serie de problemas medioambientales, agrícolas y socio-económicas”.

Indemnizaciones

Los eurodiputados invitaban a la Comisión y a los Estados miembros a “hacer todo lo posible para evitar el sufrimiento y los daños causados a los animales de cría” y pedían vigilar “las áreas de reaparición y las dimensiones de las poblaciones de grandes carnívoros”.

Sin embargo, los doce países que han escrito a la Comisión señalan que “el daño al ganado es inevitable” cuando los grandes carnívoros coexisten con el ganado, pero subrayan que “muchos países” han reaccionado con legislación que contempla compensaciones por el ganado y la propiedad afectada o “medidas preventivas”.