Revés para el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico que ha visto cómo la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad –en la que participan el Gobierno y las comunidades autónomas, a través de sus correspondientes directores generales– ha rechazado el borrador de Estrategia Estatal para la Convivencia de las Actividades en el Medio Rural con el Lobo y su Conservación.
Así lo ha confirmado la Junta de Castilla y León, comunidad que junto a Galicia, Cantabria y Asturias –las llamadas regiones loberas donde se asienta el 95% de la especie de todo el territorio nacional– habían solicitado al Ministerio la retirada de su orden del día de la aprobación del borrador ministerial. A estas cuatro comunidades se ha sumado el voto mayoritario de otras autonomías contra el borrador de la estrategia del lobo.
De esta manera, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico no podrá elevar el documento para su aprobación a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, en la que están representados tanto el Ministerio como todas las comunidades, a través de sus correspondientes consejeros autonómicos.
Las cuatro comunidades autónomas que albergan más del 95 % de las poblaciones de lobo de toda España han considerado en su postura de rechazo que el borrador del Ministerio “no se ajusta a ninguna de las finalidades de las estrategias que establece la Ley del Patrimonio y de la Biodiversidad”, salvo que sus redactores, argumentan las cuatro comunidades del noroeste, “consideren que las actividades del medio rural son una de las principales amenazas para la biodiversidad de nuestro país. Algo que rechazamos de forma rotunda”, han remarcado.
El borrador “no precisa la identidad de sus autores ni el organismo o entidad al que pertenecen”
Además, los directores generales de Castilla y León –en este caso el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz–, Asturias, Cantabria y Galicia han denunciado que el borrador “no precisa la identidad de sus autores ni el organismo o entidad al que pertenecen”, por lo que han vuelto a reiterar su postura de no sentirse partícipes de las decisiones que por parte del Ministerio se están tomando en la tramitación del borrador en el seno del Grupo de Trabajo del Lobo.
Las comunidades loberas piden que el borrador indique quiénes son los autores materiales y los asesores que han trabajado en la elaboración del texto sometido a la valoración de la Comisión Estatal, y en representación de qué comunidades autónomas y organizaciones lo han hecho.
“El documento presentado a la consideración de la Comisión Estatal carece en estos momentos de sentido porque, además de que muchos de sus contenidos podrían vulnerar el régimen competencial establecido en nuestro país y, por tanto, resultar ineficaces, se construye sobre una decisión ya adoptada por parte del Ministerio y que resulta crucial para la gestión de cualquier especie, como es su estatus legal”, han señalado.
Un estatus, han recordado, que en el caso de Castilla y León, ha sido modificado por una orden –en referencia al Lespre, publicada el 21 de septiembre de este año– “que ha alterado el régimen legal del lobo en esta comunidad autónoma, y su propia consideración en la directiva Habitats de la Unión Europea”. Orden que ha sido recurrida por los servicios jurídicos ante la Audiencia Nacional, por lo que han preferido reservarse cualquier apreciación adicional sobre los contenidos de una futura estrategia del lobo a la existencia de sentencia firme, rechazando hasta entonces cualquier documento de borrador o proyecto.
La inclusión de la especie en el Lespre obliga a una nueva planificación sobre la gestión
El Ministerio de Teresa Ribera ha denuncia que el borrador de la nueva estrategia, ahora rechazado, “pone el foco en la coexistencia entre la especie y la ganadería extensiva con la aplicación de medidas preventivas para intentar evitar daños antes que se produzcan y otras paliativas, que estarán acompañadas de adecuadas indemnizaciones”. El documento se aplicará en las áreas de distribución actual y potencial del lobo, que serán delimitadas y recogidas en los planes de conservación o gestión de cada comunidad autónoma. Las administraciones competentes deberán disponer de planes que aseguren el buen estado de conservación del lobo por medio de estudios y trabajos técnicos, una compensación de daños adecuada, ayudas para mejorar la defensa del ganado y protocolos de actuación en caso de conflicto, entre otros. Para apoyar estas actuaciones, el pasado 7 de octubre el Consejo de Ministros aprobó destinar 20 millones de euros procedentes de los Presupuestos Generales del Estado para 2022. Tras la inclusión el 21 de septiembre del lobo en Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) es necesario disponer de una nueva estrategia de la especie acorde al nuevo estatus legal establecido. La vigente “Estrategia de Conservación y Gestión del Lobo (Canis lupus) en España” fue aprobada en 2005 y su actualización, que deberá ser aprobada por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, está prevista para acompañar el nuevo estatus legal de la especie.
