La Junta de Castilla y León ha dado un plazo de un mes al Ayuntamiento de Tábara, presidido por Antonio Juárez, para que proceda a la anulación de la ordenanza sobre los purines por la que grava el transporte y almacenamiento de este tipo de residuos ganaderos. La delegada Territorial de la Junta de Castilla y León, en Zamora, Clara San Damián, manifestó ayer que, en el caso de no anular esta normativa municipal la Administración regional "estudiará la posibilidad de recurrir a la vía judicial".
La Junta de Castilla y León basa esta determinación en la consideración de que la regulación de los purines es competencia de la comunidad autónoma y excede a las atribuciones del Ayuntamiento.
San Damián apuntó, además, que la Junta estudia adoptar la misma exigencia a otros municipios que también han elaborado ordenanzas que gravan la gestión de los purines de las explotaciones porcinas. Subrayó que las propias organizaciones agrarias habían requerido a la Administración regional que interviniera para atajar la aplicación de normativas municipales encaminadas a frenar las actividades agroganaderas.
El Ayuntamiento de Tábara aprobó el pasado octubre una ordenanza reguladora del vertido de purines, estiércoles y otros residuos ganaderos mediante la cual imponía restricciones y gravámenes, tanto al transporte por las vías de titularidad municipal, a razón de 20 euros el kilómetro, o de 30 euros por metro cuadrado de almacenamiento. El dinero recaudado iría destinao a un "fondo de restauración" para invertirlo en estudiar y reparar el impacto sanitario, medioambiental y económico generado por los estos productos.
Rápidamente las organizaciones agrarias Asaja y Coag pidieron la impugnación de esta ordenanza. Hacían hincapié en las restricciones impuestas ya en las normativas autonómicas y estatales en vigor y sostenían que estas normativas municipales iban no solo contra el sector ganadero sino de la actividad y tejido social del medio rural.
