Chany Sebastián
La poderosa Asociación de Apicultores Salmantinos (una de las más importantes de España), presidida por el apicultor Castor Fernández y representada por el abogado Rafael Riba García, ha interpuesto un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León contra la ordenanza fiscal reguladora de explotaciones apícolas del Ayuntamiento de Figueruela de Arriba (Gallegos del Campo, Figueruela de Abajo, Flechas, Riomanzanas, Moldones y Villarino Manzanas).
La normativa fue puesta en vigor el 10 de junio de 2019 una vez que, tras ser aprobada por la Corporación que preside el alcalde Carlos Pérez Domínguez, pasó el período de exposición publica sin que se presentasen alegaciones. Se trata del segundo recurso dado que anteriormente presentó otro la Asociación Cacereña de Apicultores. Hace ya varios meses el presidente de Asaja Salamanca Juan Luis Delgado hacía "un llamamiento a unir todas las fuerzas" entre salmantinos y cacereños, cosa que finalmente se ha conseguido para luchar contra las ordenanzas apícolas de Tierras de Aliste.
En la actualidad están recurridas ante el TSJ tamben las ordenanzas apícolas de Samir de los Canos y Mahíde de Aliste.
Salamanca es en la actualidad la provincia con más apicultores profesionales de Castilla y León, alrededor de 350, con miles de colmenas fuera de tierras salmantinas. Salamanca superaría en estos momentos las 270.000 colmenas con un alto grado de profesionalización trashumante. Por apicultor profesional se entiende aquel que cuenta con más de 150 colmenas.
Una de las zonas elegidas a lo largo de los últimos años es Aliste. A la Asociación Salmantina pertenece el apicultor Jorge Navarro que en su día denunció el asfixiamiento de unas 520 de su colmenas, ubicadas en San Vitero, ayuntamiento alistano donde incluso se había empadronado.
La Asociación de Apicultores Salmantinos y el sindicato agrario Asaja Salamanca tomaron tiempo atrás el acuerdo de "utilizar todas las vías, incluida la judicial, para que se deroguen las normativas municipales inconstitucionales que impiden los asentamientos apícolas en determinados pueblos de Castilla y León".
Se atestigua por su parte que las normativas imponen unos condicionantes que superan los requeridos por la Ley de 8 de abril de 2003 de Prevención Ambiental de Castilla y León¡ y la Orden de 28 de diciembre de 28 de diciembre de 2007 por la que se regula el Registro de Explotaciones Apícolas y el Movimiento de Colmenas.
La Asociación de Apicultores de Salamanca obtuvo su primer éxito al conseguir que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León fallará a su favor en el recurso que habían presentado el 25 de junio de 2016 contra la ordenanza del municipio de San Vitero (El Poyo, San Cristóbal, Villarino de Cebal y San Juan del Rebollar" aprobada por dicho ayuntamiento el 23 de noviembre de 2015 y puesta en vigor el día 30 de mayo de 2016 al declararla de nulidad radical.
EL TSJ también declaró nula en el mes de enero de 2018 la ordenanza reguladora de explotaciones apícolas del municipio Fonfría (Arcillera, Ceadea, Fornillos, Castro, Bermillo de Alba, Brandilanes y Moveros) que había entrado en vigor el día 13 de junio de 2016: por entrar en contradicción con el ordenamiento jurídico. En este caso el recurso lo había presentado la Asociación Cacereña de Apicultores.
En Zamora son ya numerosos los municipios, al menos 14, los que han aprobado y puesto en vigor las ordenanzas en diferentes comarcas (muchas de ellas recurridas ante el TSJ desde Cáceres y Salamanca): San Vitero, Alcañices, Mahíde, Fonfría, Trabazos, Litos, Manzanal de los Infantes, Muelas de los Caballeros, Rábano, Rabanales, Roelos de Sayago, Santa Croya de Tera, Mayalde y Trefacio.
La "guerra" de la trashumancia apícola" ha llegado a posicionarse también a las instituciones provinciales de las dos provincias castellanoleonesas mas afectadas: La Diputación de Zamora apoyando a los apicultores zamoranos (en su mayoría estantes) y la de Salamanca haciéndolo propio con los apicultores salmantinos donde priman los trashumantes.
El primer ayuntamiento en prohibir el asentamiento de enjambres de abejas trashumantes en Aliste fue el de Alcañices mediante un acuerdo plenario del 30 de diciembre de 2008 fundamentándose en que "Los escasos puntos de agua existentes en el municipio y de los que se abastecen las abejas se vuelven prácticamente intransitables".
