Los vecinos piden el arreglo del camino entre Brandilanes y Moveros

Los vecinos de las localidades alistanas de Brandilanes y Moveros (ambas en el municipio de Fonfría) vuelven a reclamar el arreglo de la carretera que une estos dos pueblos vecinos. Aunque la distancia a recorrer entre Brandilanes y Moveros solo es de cinco kilómetros el viaje es prácticamente una tortura por una vía plagada de baches, donde el asfalta prácticamente ha desaparecido en muchos tramos, tal y como se aprecia en la fotografía que acompaña a esta información. Muchos usuarios no dudan en calificar camino de "intransitable" y en afirmar que "conducir por él no es seguro desde hace años".

El tráfico entre los dos pequeños pueblos no es inexistente, cada día de lunes a viernes deben circular por esta vía el autobús escolar, los médicos de atención primaria cuando tienen consulta, el farmaceútico, o los vendedores ambulantes de alimentos tan necesarios en el mundo rural. Pero el estado del camino, que ya no parece una carretera, es tan malo que muchos conductores prefieren hacer el recorrido alternativo por la Nacional 122, de algo más de 18 kilómetros, prácticamente el cuádruple de la longitud de esta otra vía que comunica directamente un pueblo con el otro.

Desde Brandilanes y Moveros recuerdan que en junio de 2017 el Miniterio de Agricultura comprometió la inversión de 700.000 euros en este camino rural asfaltado, y detalló que las obras incluiría una excavación de cajeo para dar a todo el camino una anchura uniforme de 4,80 metros, el reciclado del firme de cemento en un espesor de 28 centíimetros con aporte previo de 15 centímetros de zahorra natural para finalizar con mezcla bituminosa en caliente. Dos años después las obras no han comenzado y el estado de la vía sigue empeorando, a pesar de que el Congreso de los Diputados declaró este camino de "Interés General".

El acceso de Moveros a Brandilanes pertenece a los antiguos caminos del Plan de Ordenación de Explotaciones "Sayago-Aliste" construidos en los años 90 por el Ministerio de Agricultura y la Junta de Castilla y León, cuyo mantenimiento fue encomendado luego a los ayuntamientos.