16 de mayo de 2019
16.05.2019

El Superior anula la exención de licencia a las explotaciones ganaderas intensivas

Ecologistas en Acción, que demandó a la Junta, afirma que el Tribunal "detiene en seco la desregulación de actividades molestas" como pueden ser las de porcino

15.05.2019 | 20:47
Cerdos en una explotación ganadera de Zamora.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha anulado, tras un recurso presentado por la Federación de Ecologistas en Acción, la exención de licencia ambiental concedida por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente a las explotaciones ganaderas intensivas, mediante un Decreto por el que se determinan las condiciones ambientales mínimas para las actividades o instalaciones ganaderas en Castilla y León.

Es un nuevo varapalo judicial asestado a la Junta de Castilla y León con repercusión, entre otras explotaciones, en las macrogranjas de porcino que caldean el ambiente en la provincia de Zamora.

Para Ecologistas en Acción el Tribunal Superior "detiene así en seco la pretensión de desregulación por esta vía de estas actividades clasificadas como molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, de manera que todas las explotaciones ganaderas no orientadas al autoconsumo doméstico vuelven a requerir licencia ambiental en Castilla y León, debiendo someterse a información pública, informes previos y audiencia a los vecinos colindantes antes de implantarse, como venía sucediendo desde 1961, en que se aprobara el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas".

El colectivo ecologista señala que "cientos de granjas intensivas de bovino, ovino, porcino o aves tampoco podrán ubicarse en los pueblos de Castilla y León sin que sus vecinos lo sepan, que era lo que pretendía la Junta". "De hecho, apuntan, todas las explotaciones ganaderas intensivas que se hayan iniciado en el último año deberán legalizar su situación, correspondiendo las eventuales indemnizaciones por los gastos ocasionados a la Junta de Castilla y León, como responsable de la regulación ahora ilegal".

La sentencia del pasado 11 de abril declara que no es posible modificar por decreto una ley como la de Prevención Ambiental de Castilla y León, invadiendo de esta forma el Consejo de Gobierno de la Junta la competencia legislativa exclusiva del Parlamento autonómico.

El Tribunal dictamina que "la modificación efectuada afecta al contenido fundamental de la norma con rango de Ley, en cuanto que aspectos nucleares del mismo, como son todos aquellos sometidos al régimen de licencia o autorización, ahora se trasvasan desde el de licencia, más exigente en su régimen jurídico -información pública, informes preceptivos de la comunidad autónoma, etc.-, hacia un mero régimen de comunicación previa, sin que existan garantías equivalentes, como es la necesidad de evaluación ambiental previa".

De esta manera, "la modificación efectuada excede con mucho a lo que está permitido a una norma de carácter reglamentario, en cuanto que, de un lado, modifica normas con rango de Ley y, por otro, altera de forma sustancial el contenido fundamental del régimen de licencias y comunicaciones ambientales que son exigidos como requisito previo para el ejercicio de actividades". Llama la atención que esta vulneración de la separación de poderes no fuera advertida por el Consejo Consultivo de Castilla y León, cuya examen de legalidad fue inútil.

Ecologistas en Acción expone que "se trata de una excelente noticia para el medio ambiente de Castilla y León y de un fracaso más del Consejero del Partido Popular Suárez-Quiñones, incapaz pese a ser él mismo juez en excedencia de observar la más elemental legalidad en las disposiciones de su Consejería en relación a materias como la participación ambiental, la caza, la conservación del lobo, la quema de rastrojos, la contaminación atmosférica o ahora las actividades clasificadas, en las que ha recibido sentencias contundentes de los tribunales".

La organización ecologistas espera, según apunta, "que las elecciones autonómicas de la próxima semana destierren definitivamente esta forma arbitraria y autoritaria de gobernar, restableciendo las garantías y controles ciudadanos en materia de biodiversidad y de prevención ambiental, en atención al principio de legalidad, a la protección de la salud y el medio ambiente y a los derechos constitucionales a la información, a la participación y a la tutela judicial efectiva".

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