Frustración. Con esta sensación salieron los miembros de la Coordinadora Provincial Pueblos Vivos de Zamora tras la reunión que ayer mantuvieron con el delegado territorial de la Junta, Alberto Castro, acerca de la gestión de los residuos generados por las macrogranjas de porcino. Según declaró el portavoz de la plataforma ciudadana, Pedro Luis Anta, Castro se mostró comprensivo con la situación denunciada por Pueblos Vivos, pero les comunicó que la legislación vigente ampara la instalación de este tipo de explotaciones ganaderas. Una postura incomprensible para Pueblos Vivos, ya que consideran que es un sinsentido que las administraciones se crucen de brazos "cuando son absolutamente conscientes del problema de salud que supone verter los purines en nuestra zona".
Si bien es cierto que la respuesta del delegado territorial no pilló de nuevo a la plataforma antigranjas industriales intensivas, el objetivo del encuentro era otro: "Nuestra intención era presentarle al delegado este tipo de problemática; estamos hablando de un sector empresarial que se instala en nuestros pueblos a coste cero, lleva su producción fuera y se desentiende de los residuos que ponen en peligro la habitabilidad de nuestros municipios", declaró ante los medios Pedro Luis Anta.
Anta indicó que el delegado territorial "entiende perfectamente nuestra preocupación y se podría decir que comparte la realidad de lo que estamos denunciando". No obstante, a pesar de ello, el representante de la plataforma ciudadana aseveró que Alberto Castro les trasladó que la administración tiene las manos atadas porque "las normas admiten lo que admiten". Asimismo, según informan desde Pueblos Vivos, el responsable de la Junta los animó a "llevar el asunto ante las Cortes" si no están conformes con la postura adoptada por el órgano regional. "Evidentemente son conscientes de lo que supone tirar los purines en nuestros pueblos, pero no tienen ninguna intención de que los promotores se hagan cargo de los residuos que general", lamentó Anta.
Ante esta situación, el portavoz de Pueblos Vivos recordó que "ya hay regiones en nuestro país, como es el caso de Asturias o Murcia, donde no se otorgan licencias a estas explotaciones si esos purines no son trasladados a plantas de transformación". "En Cataluña, el 80% de los municipios que cuentan con este tipo de instalaciones ganaderas no pueden consumir agua del grifo", declaró Anta en clara advertencia a lo que, a su juicio, puede ocurrir en un futuro en las villas zamoranas que acojan estas explotaciones de porcino.
Con esta negativa del delegado territorial, la Coordinadora Provincial encuentra una nueva puerta cerrada por parte de la administración. A pesar de ello, los integrantes de la plataforma antimacrogranjas continuarán con su "obligación moral y personal de luchar por la sanidad de nuestros campos".
En este sentido, Luis Pedro Anta afirma que "la última defensa que tenemos los habitantes de los pueblos es el voto; es el momento de decir que los que vivimos en el campo el color de los partidos y la ideología que defienden no nos representa". "Evidentemente, los políticos que tenemos a nivel provincial no encaran nuestros problemas, debemos olvidarnos de sentimientos partidistas y optar por un voto inteligente", continuó el máximo responsable de Pueblos Vivos. "Los únicos que defendemos la pequeña y mediana industria ganadera somos nosotros, este proyecto pretende acabar con este modelo económico, que hasta ahora ha sido el único pilar que ha sostenido la vida en los pueblos", sentenció Anta, en clara crítica a la labor llevada a cabo por los partidos gobernantes en la Zamora rural.
En esta misma línea, Marisol Gómez, representante de la comarca de Alba, incentivó a los habitantes de los pueblos de la provincia a exigir que "todos los partidos participantes en las próximas elecciones hagan una declaración en la que se comprometan a desechar cualquier proyecto de macrogranja".
Por último, Esteban Rodríguez, de Pozoantiguo, destacó que Pueblos Vivos le ha pedido al delegado que corrija a la consejera de Agricultura, Milagros Marcos, por las declaraciones en las que afirmaba que hay un 40% más de población en aquellos lugares donde existen grandes explotaciones de porcino. E incluso aportó datos la evolución sufrida por Matilla la Seca, San Cebrián de Castro o Santibáñez de Vidriales -todos con instalaciones industriales de cerdos-, con mermas en su censo municipal en 13, 44 y 206 personas respectivamente desde la llegada de las macrogranjas a sus fronteras
