La anterior corporación del Ayuntamiento de Villardiegua de la Ribera ha sido denunciada ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Zamora, el pasado jueves, por la aprobación, en sesión plenaria, del pago de la defensa jurídica, a cargo de las arcas municipales, del alcalde Silvestre Antonio Fernando, y del teniente de alcalde Marcos Fernando Pablo. Ambos están imputados por el Juzgado por supuesta prevaricación, cohecho y tráfico de influencias, junto con el alcalde de Villadepera y el regidor de Gamones.
La denuncia se extiende a los que fueran entonces concejales populares José Andrés Encalado y José Martín Tejado, así como al edil socialista José Luis Rodrigo (reelegido en las últimas elecciones) y a la misma secretaria María José Domínguez por entender que "debería haber informado", al respecto, sobre la normativa en vigor.
El importe de la asistencia jurídica, cargada a los presupuestos, suma un total de 6.173 euros, más 1.296 de IVA. En el pleno, celebrado el 21 de febrero del pasado año y del que tuvo ahora conocimiento la parte denunciante, tanto el alcalde como el teniente alcalde decidieron "abstenerse", saliendo adelante con el voto favorable de los tres concejales restantes.
En la denuncia se pone de manifiesto que "el Ayuntamiento de Villardiegua no podía ni debía hacerse cargo de la defensa del alcalde ni del entonces teniente de Alcalde por cuanto que tanto la ley como la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo exigen una serie de condicionantes para que el Ayuntamiento se haga cargo (y siempre a posteriori, es decir en concepto de indemnización al alcalde y los concejales que sean declarados inocentes o ser archive el proceso por los daños causados en el ejercicio de su cargo) de los gastos que la defensa se haya originado".
La parte denunciante hace referencia a sentencias que señalan que "la entidad local, en uso de su autonomía, puede considerar los gastos de representación y defensa de un proceso penal como indemnizables a título de gastos ocasionados en el ejercicio del cargo, siempre y cuando no concurran circunstancias que obliguen a calificarlos como gastos realizados en interés propio o a favor de intereses ajenos al general de la entidad".
La parte denunciante, que aporta como prueba el acta de la sesión plenaria, considera que los hechos "son constitutivos de los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho, negociación prohibida a los funcionarios públicos y falsedad en documento público".
En su argumentación de la denuncia también se desde la Alcaldía de actuó "de mala fe" al informar a los concejales porque se habló de que "la personación en el procedimiento es para defenderse de la denuncia, pero no se da cuenta a los concejales del decreto de imputación del Fiscal Jefe de Zamora". Incluso se repara en que Fernando Pablo "es profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Salamanca y debería haber informado".
La imputación ha llevado al alcalde de Villardiegua a dejar el Partido Popular y presentarse en una agrupación independiente que ha conseguido de nuevo la mayoría en las últimas elecciones.
