Los ayuntamientos de las nueve localidades zamoranas donde se está realizando obras dentro del Área de Rehabilitación Integral, a los que se unen la capital y Benavente, deberán presentar nuevamente la documentación de las obras que no se hayan contratado, según exige un nuevo plan puesto en marcha por el Gobierno.

Los alcaldes de estos municipios recibieron la notificación las pasadas navidades y en la actualidad se afanan por reunir toda la documentación necesaria exigida.

Así, uno de los casos más flagrantes es el de Casaseca de Campeán que ha paralizado el área de rehabilitación integral (ARI) en su segunda fase, debido a la entrada en vigor del nuevo plan 2013-2016 que insta a los pueblos que no hayan contratado las obras a que presenten nuevamente la documentación. Serán los ayuntamientos los que tengan que aportar esta documentación, y no los propietarios de las viviendas que hayan demandado este plan de ayudas para remodelar casas que normalmente necesitan arreglos de cubiertas o de tabiquería interior. De esta manera, por el momento, quedan suspendidas las obras solicitadas por las personas que animadas por los resultados de la primera fase, cuando se intervino en cinco viviendas, se habían apuntado para una segunda fase y quedaba otra pendiente hasta completar las 23 previstas llevar a cabo con aportaciones del estado, administración regional, el Ayuntamiento y los propietarios adscritos quienes financiaban alrededor del 30% del total de cada actuación.

Casaseca de Campeán adjudicó las primeras intervenciones a dos empresas locales y de esta manera arrancaba el área de rehabilitación integral con las obras de cinco casas. Para ello se destinaba 73.000 euros de una dotación global que aportaba el Gobierno y la Junta con un importe de 450.000 euros para reformas en 23 viviendas.

En esta misma tesitura se encuentran las restantes localidades zamoranas afectadas Villafáfila, Villalba de la Lampreana, Pajares de la Lampreana, San Agustín del Pozo, El Perdigón, Montamarta, Castroverde de Campos y Villalobos.

La nueva medida gubernamental ha llevado, según confirmó a este diario Juan José Ares, alcalde de San Agustín del Pozo, "a paralizar todos los pagos de lo que se está haciendo para adaptarnos a la nueva ley". Ocho viviendas de este pueblo se han acogido a la primera fase del ARI y por el momento "no sabemos si habrá segunda".

Mejor suerte ha corrido el municipio de Castroverde de Campos que a día de hoy ya cuenta con 42 proyectos ejecutados y 88 solicitudes para una posible ampliación. Su regidor Cecilio Lera, mostraba su optimismo y asegura sin especificar mucho que "hemos presentado lo que nos han pedido y creo que seguiremos adelante".

Las dudas sobre las solicitudes exigidas a los ayuntamientos también asaltan en el municipio de Montamarta, donde ya hay una parte ejecutada y otra por ejecutar del Área de Rehabilitación Integral. El alcalde, Rogelio Conde, confirma que tras la nueva situación surgida "ahora ya no sabemos cuantas vamos a hacer y tampoco hemos recibido la subvención". El pueblo cuenta en la actualidad con 10 obras realizadas y "un convenio para hacer 70 más". Conde reconoce que lo exigido "no hay quien lo entienda" y que su consistorio presentará "lo que queda por hacer junto al resto de la documentación".

Las 57 áreas de Rehabilitación Integral desarrolladas en Castilla y León en los últimos 15 años han mejorado 14.102 viviendas en total. Estas actuaciones se tramitarán a largo plazo, ya que su desarrollo se encuentra aún en un punto inicial.