Trabajo anuncia una auditoría por "gastos desmesurados" de los sindicatos en las visitas de prevención de riesgos laborales

El director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de la Junta, Fernando de la Parte, anunció hoy que se va a realizar una auditoría de los “gastos desmesurados” en el programa de visitas de los sindicatos en Prevención de Riesgos Laborales e informó de que se investiga el “modo” en que el Serla cambió de su anterior sede a la actual y pasó de pagar un alquiler de 28.000 a 50.000 euros con un contrato de quince años. 

De la Parte se manifestó así en respuesta a una pregunta de la procuradora del PP Paloma Vallejo sobre los programas de seguridad y salud laboral formulada en la Comisión de Industria, Comercio y Empleo, donde volvió a arremeter contra los sindicatos a los que acusó de estar en una “fase obstruccionista” por haber eliminado sus subvenciones. 

“Las subvenciones a los sindicatos eran la prioridad de la Consejería”, sentenció en referencia a la anterior gestión en Industria, Comercio y Empleo antes de que este departamento haya pasado a ser gestionado por Vox en el reparto de consejerías del Gobierno de coalición con el Partido Popular.

Así, defendió que el ahorro en “gasto político” con la eliminación de subvenciones a los sindicatos se ha reinvertido en programas e incentivos en materia de seguridad, salud y bienestar laboral en cuya estrategia se ha introducido la salud mental, lo que calificó de una “novedad”.

Ataque

En esa línea de ataque a los sindicatos, afirmó que, tras suprimir sus subvenciones, están “estorbando” lo que afirmó que “perjudica” la seguridad y salud laboral. “No dudo de la necesidad, criticó su fase obstruccionista”, indicó, para manifestar que están en “fase de duelo” que se suaviza cuando se dirigen al Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz. 

De la Parte defendió que la seguridad en el trabajo es una prioridad de la Consejería que dirige Mariano Veganzones y subrayó que el presupuesto ha crecido nueve veces al pasar de los 5 millones en 2021 a los 25 millones entre 2022-2023.

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Ese incremento ha sido posible al suprimir “gastos políticos” a los sindicatos y reinvertir ese ahorro en formación y en prevención de riesgos laborales sin las “costosas” visitas de los representantes de los trabajadores. 

Cerró su intervención, cuyos programas valoró la parlamentaria del PP, con el anuncio de una auditoría a estos gastos “desmesurados” de las visitas de Prevención de Riesgos Laborales (PRL), así como de la investigación del contrato de arrendamiento de la sede del Serla (Servicio Regional de Relaciones Laborales). 

La Consejería, que ha reducido su aportación a este servicio a los 400.000 euros y mantiene una pugna con los sindicatos, que la acusan de “hostigamiento” y de incumplir con derechos laborales, ha ofrecido al Serla que se traslade a las oficinas de Empleo en Valladolid y ahorre el gasto en el alquiler.