La Junta de Castilla y León, a través del consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo (PP), ha apelado al diálogo entre las administraciones y los sectores económicos y ha pedido la convocatoria urgente de la Sectorial de Energía para analizar lo que implica el decreto de ahorro energético aprobado esta semana por el Gobierno central.
Sin mencionar posibles recursos ante el Tribunal Constitucional, como sí planteó el jueves el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (Vox), quien calificó la nueva normativa de “cacicada”, Fernández Carriedo –también portavoz del Gobierno autonómico–, ha detallado que ha enviado una carta a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, para pedir la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Energía. No obstante, a través de su perfil en Twitter, García-Gallardo ha informado de que tras hablar ayer por la mañana con su socio de gobierno, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), han acordado pedir informes jurídicos para “valorar la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Constitucional la chapuza legal de Sánchez”, a quien ha acusado de imponer “medidas ineficaces frente a la crisis energética”.
El consejero ha destacado la “solidaridad de Castilla y León con España en materia energética”, en referencia a que es uno de los territorios donde se produce un mayor porcentaje de la energía eléctrica que se consume en el país y también a las medidas de ahorro energético puestas en marcha ya.
Fernández Carriedo ha remarcado que en la última reunión de la conferencia sectorial de Energía –celebrada el pasado jueves 28 de julio–, el Gobierno no hizo referencia al contenido de la inminente aprobación del mencionado Real Decreto Ley y su impacto sobre multitud de actividades.
El representante de la Junta de Castilla y León ha apelado a la necesidad de clarificar a quién corresponde la potestad y mecanismos para controlar el cumplimiento de las temperaturas máximas, de los horarios establecidos, así como resolver las cuestiones relativas a la efectiva instalación de mecanismos automáticos de cierre de puertas, las limitaciones a partir de las 22 horas en relación a la iluminación de carácter artístico y monumental, y hasta qué hora se limita la iluminación de los escaparates y edificios públicos.
Petición en las Cortes de un plan nacional de soberanía energética
El grupo parlamentario de VOX en las Cortes registraba este viernes una Proposición no de Ley en la que, entre otras medidas, solicita derogar todas las leyes de “fanatismo climático” y promover la extensión de la vida útil de las centrales nucleares existentes y programar de modo inmediato la instalación de nuevas plantas de energía nuclear garantizando su seguridad. VOX planteará ante el Pleno un total de seis medidas como base para la “recuperación de la soberanía energética de España, adaptando los plazos de transformación hacia una economía menos contaminante que no ponga en peligro el empleo y economía de los españoles”, según señala la formación en un comunicado. Así, el grupo parlamentario solicita al Gobierno de España que cree un Plan Nacional de Soberanía Energética “exento de toda imposición climática por parte de organismos supranacionales” y que consiga una energía “barata, sostenible, eficiente y limpia que garantice unos precios de luz asequibles para las familias y empresas españolas y que reduzca la dependencia de los países terceros”. En particular, debe impulsarse la derogación inmediata de cuanta legislación que exista que impida la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos y el aprovechamiento de yacimientos minerales
