La Junta de Castilla y León se estrenó ayer con un paquete de 20 ejes, con 75 medidas, por importe de 470,8 millones de euros, que incluye una rebaja del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y varias tasas autonómicas, lo que requiere la aprobación este año de una ley. Además, incorpora ayudas directas para dar respuesta a la situación económica que se ha agravado por la guerra de Rusia en Ucrania.
Tras la primera reunión del Consejo de Gobierno de PP y Vox, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, presentó este documento “abierto” para incorporar nuevas iniciativas, que permitan adaptarse a la situación económica de cada momento y remarcó que ofrece medidas “coherentes” y “ambiciosas”. Además, plantea una serie rebajas del IVA y un fondo al Gobierno, lo que tendría un impacto de 335,4 millones.
“Este es el primer día de trabajo del Gobierno, de este gobierno del que se están diciendo tantas cosas, en el primer día lo que hace es generar más derechos económicos y sociales para las personas de Castilla y León”, defendió el presidente en una comparecencia junto al portavoz y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo.
En concreto, el tipo mínimo en el tramo autonómico del IRPF pasará del 9,5 por ciento al nueve por ciento, lo que dejará en el bolsillo de los contribuyentes 80 millones de euros en cuatro años. La modificación tributaria se hará mediante una ley cuya tramitación se iniciará en los “próximos días”, con el objetivo de que llegue a las Cortes y se apruebe antes de que acabe el ejercicio, con efectos retroactivos para este año.
Como ejemplo, Fernández Carriedo aclaró que para un contribuyente con una cuota líquida de 12.450 euros anuales, esta rebaja supondrá 35 euros y 105 en el caso de autonomías con el gravamen más alto que el existente en la actualidad en Castilla y León (9,5 por ciento). Además, en el caso de las unidades familiares que hagan la declaración conjunta estas cifras serán 70 y 210 euros.
Con ello, el presidente de la Junta destacó que Castilla y León se convertirá, ya en 2023, en la segunda comunidad con el tipo mínimo del IRPF más reducido de las autonomías. Además, remarcó que se inicia así la mayor bajada de impuestos más importante de la historia autonómica.
Fiscalidad en el medio rural
Además, de manera “urgente”, la Junta quiere rebajar la fiscalidad del medio rural, con un ahorro de 15 millones, que beneficiará a 275.000 ciudadanos. Además, durante tres meses, se devolverán las tasas de titularidad autonómica al transporte de carreteras y de los servicios veterinarios, para beneficiar, según Mañueco, a los sectores especialmente afectados por la crisis.
La situación económica, dijo el presidente, estaba “decayendo” antes de la pandemia y añadió que en octubre y noviembre del pasado año ya los expertos económicos hablan del alza de los precios y de un crecimiento menor del esperado, así como de la ralentización de la creación de empleo.
El paquete incorpora ayudas directas de diez millones, sobre todo, para la ganadería, que se suman a los 30 millones el Gobierno y la Unión Europea, por lo que multiplicará por cuatro esta partida para paliar el incremento de los costes. También, se incrementará la dotación de préstamos con garantías públicas.
45 millones para las familias más vulnerables
La Junta apuesta, según el presidente Mañueco, por las ayudas a las familias más vulnerables, con un montante de 45 millones de euros. Así, se incrementará la financiación adicional a las corporaciones locales, que gestionan el apoyo a las unidades más vulnerables, para que cuenten con cuatro millones para las ayudas de emergencia. También aludió a la creación del fondo de cohesión territorial de 20 millones para municipios, con el fin de aumentar las inversiones. Además, de forma “temporal”, se incrementará un 15 por ciento la Renta Garantizada de Ciudadanía para quienes perciban esta prestación y se agilizará el pago del bono térmico a 83.000 beneficiarios, puesto que el presidente denunció la Junta adelanta los fondos, que recibe con retraso del Gobierno. Igualmente, la Junta aumentará las ayudas para desplazamientos derivados de la asistencia sanitaria y se aumentarán las indemnizaciones por razón de servicio a los empleados públicos, porque según reconoció Fernández Mañueco hacía mucho tiempo que no se actualizaba.
Petición a Sánchez: IVA superreducido de la luz
El documento aprobado reclama al Gobierno actuaciones de reprogramación y refuerzo de los fondos europeos para facilitar su “agilización”. Además, recoge otras peticiones ya planteadas, como que los remanentes de las ayudas empresariales que se dieron por la pandemia del COVID-19, que no se otorgaron por la “rigidez” de criterios, se utilicen para poder ayudar a los sectores más afectados. Además, la Junta demanda un fondo extraordinario para la financiación de los servicios públicos para poder sufragar la atención de los refugiados ucranianos y un IVA superreducido para la electricidad y el gas, especialmente relevante, que beneficiará a las familias y a la competitividad de las empresas para que “puedan cuadrar cuentas”. La Junta, añadió, estaría dispuesta a asumir el impacto de la bajada de estos impuestos. “No es presentable recaudar más, ni recaudar de más, mientras personas, familias y empresas están sufriendo”, dijo y concluyó, que los gobiernos tienen que “actuar”.
Mañueco reclama un debate sobre despoblación
El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, miró ayer al Gobierno central y también a la Unión Europea, ante los datos de pérdida de población en Castilla y León, para reclamar que lideren un debate sobre el modelo de país que se quiere, si de grandes ciudades o con presencia en el mundo rural. El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó este jueves las cifras del Padrón Continuo en las que Castilla y León repite como la autonomía con más pérdida de población en términos absolutos el año pasado, ya que a fecha 1 de enero de 2022 tenía empadronadas a 2.370.064 personas, lo que supone 13.075 menos que en el mismo día de 2021. Preguntado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno por estos datos, Fernández Mañueco defendió las políticas de su Gobierno al mantener escuelas rurales abiertas con tres alumnos o la calidad de los servicios públicos en los pueblos.
