El sector de la obra pública calcula que se necesita unos 30.000 trabajadores en Castilla y León durante los próximos años para ejecutar los proyectos previstos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ante la previsión de que lleguen unos 4.500 o 5.000 millones de los fondos Next Generation para reactivar la economía, tras el impacto del COVID-19. Para ello, los empresarios ya asumen que tendrán que subir salarios si quieren captar a jóvenes, mujeres y personas extranjeras.
De nuevo, el ladrillo aspira a ser uno los sectores que pueda recuperar el terreno perdido durante la anterior crisis provocada por la burbuja inmobiliaria, cuando se destruyeron cerca de 70.000 puestos en la construcción en Castilla y León, el 50%, y 1,2 millones en España. Ahora, la llegada de los fondos europeos se presenta con una nueva inyección de combustible que exigirá ampliar plantillas, según explicó el presidente de la Cámara de Contratistas de Castilla y León, Enrique Pascual.
Incorporación de la mujer
En ese sentido, los empresarios de la obra pública esperan encontrar mano de obra en un país como España donde de media la tasa de paro juvenil alcanza el 40%, antes de recurrir a trabajadores foráneos. También confían en que se impulse la incorporación de mujeres a la construcción, al haber avanzado los procesos y contar con mayores medidas de seguridad y protección.
No obstante, uno de los desafíos a la hora de hacer contrataciones en el corto plazo, ante la adjudicación de numerosas actuaciones, es la cualificación de los empleados. Por ello, Enrique Pascual destacó la labor que lleva a cabo la Fundación Laboral de la Construcción, con el fin de formar a futuros trabajadores, si bien lamentó que hasta ahora haya tenido “poco éxito”. Por ello, insistió en que el ‘ladrillo’ tiene que ser una alternativa en el mercado laboral, como lo fue en el pasado, aunque no se alcancen niveles de empleo similares.
Ante la escasez de trabajadores, el presidente de los contratistas de Castilla y León ya admite que tendrán que subir los salarios para captar a jóvenes dispuestos a incorporarse a la construcción, ante el “tajo” que ofrecerán en los próximos meses los miles de millones de los fondos Next Generation, que comenzarán a llegar a la economía real, una vez las administraciones se contraten las obras previstas en los proyectos aprobados.
