La consejera de Familia, Isabel Blanco, anunció ayer en Salamanca que la futura Ley de Atención Residencial regulará “un avanzado sistema que certifique la calidad de centros”, con parámetros que avalen los servicios que prestan las residencias de ancianos y el respeto de sus derechos. Este sistema, con requisitos de calidad que serán analizados por los servicios de inspección, será aplicable a todas las residencias, públicas y privadas, de la comunidad autónoma, explicó Blanco a los periodistas.
La consejera también anunció que en breve se conocerán los requisitos de calidad, después de que se someta a la participación ciudadana mediante el servicio de Gobierno Abierto a principios de abril. “La ley incluirá una categorización de estas infraestructuras a partir de un conjunto de parámetros objetivos que se medirán de forma continua”, señaló la consejera, que añadió que el sistema busca evaluar a los centros para “medir los resultados sobre los usuarios de los servicios en materia de calidad de vida y el respeto de sus derechos”.
