La Junta de Castilla y León planteó hoy al Gobierno de España un modelo "diferente, alternativo y más simple" para aplicar los ecoesquemas de la nueva Política Agraria Común (PAC), puesto que la propuesta del Ministerio de Agricultura es "compleja" y puede encaminar a "la pérdida de fondos europeos a partir de 2025" si no tiene aceptación entre los agricultores y ganaderos de todo el país.

Así lo señaló el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, tras participar en el Consejo Consultivo de Política Agraria Común de hoy, al tener atribuidas las funciones de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. El Consejo estuvo presidido por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y en él participaron los consejeros de Agricultura del resto de Comunidades Autónomas como preparatorio para el Consejo de Ministros de la Unión Europea, que se celebrará los días 22 y 23 de marzo.

Suárez-Quiñones recordó que, aunque el nuevo modelo de arquitectura medioambiental de la PAC "hay que afrontarlo", también "hay que tener en cuenta que el principal objetivo es garantizar las rentas de los agricultores y ganaderos", y puesto que en España se destinaría a este modelo entre 1.000 y 1.500 millones de euros anuales, es importante que el nuevo modelo "tenga una mayor aceptación entre los agricultores y ganaderos de España".

Así, la propuesta que la Junta plantea al Ministerio, y en la que también participan las organizaciones profesionales agrarias y las cooperativas agrarias a través de Urcacyl, "permitiría incorporar ecoesquemas en el marco de la normativa europea que regulará la nueva PAC".

Una nueva Política Agraria Común que el consejero de Fomento y Medio Ambiente recordó que está "en un momento avanzado" de la definición de su aplicación, que comenzará en 2023, por lo que "tiene que definirse claramente esa aplicación en este primer semestre", además de ser aceptada "por todas las comunidades autónomas".

En ese sentido, Suárez-Quiñones transmitió a Planas su opinión sobre una normativa de transición para los años 2021 y 2022 que "debería haber sido más pausada" precisamente por ser de transición entre la PAC actual y la futura. En ese sentido, el consejero castellano y leonés sugirió una revisión de dicha aplicación "por lo menos para el año 2022", con el objetivo de poder enlazar con la nueva PAC y conseguir los objetivos que esta última marca hasta 2027.

Suarez-Quiñones también instó a Planas a mantener las actuales ayudas acopladas, tanto ganaderas como agrícolas, que "no deben verse reducidas en importes ya que constituyen la base del mantenimiento de sectores productivos frágiles y mantenedores de la actividad económica en el medio rural". Reivindicó asimismo el consejero de Fomento y Medio Ambiente la aprobación de un Programa Sectorial Nacional para el ovino-caprino dentro de la nueva PAC.

Además de la PAC, el Consejo Consultivo de Política Agraria Común también trató hoy sobre el incremento del control ante una amenaza de plagas "cada vez mayor" en el territorio de la Unión Europea, que se debatirá igualmente en el Consejo de Ministros de la UE por los riesgos que entraña esta situación.

Medidas extraordinarias ante la crisis COVID

Por último, el Consejo Consultivo trató la necesidad de incorporar medidas extraordinarias para el sector vitivinícola español, que no se ha recuperado tras las restricciones en el canal Horeca y en las exportaciones. Las medidas que se están planteando son la destilación, el almacenamiento privado y la cosecha en verde.

Suárez-Quiñones se mostró de acuerdo con la necesidad de estas medidas, pero "sin perjudicar a las medidas clásicas de inversiones en bodegas, en reestructuración de viñedo y promoción en terceros países". No obstante, Castilla y León es una tierra de vinos de calidad, por lo que apuesta por "no bajar el nivel de las ayudas a estas inversiones y por solicitar a la UE más financiación europea para almacenamiento privado y cosecha en verde". 

También aprovechó Suárez-Quiñones la oportunidad para reivindicar intervenciones europeas en el sector del vacuno de carne, en el que tampoco se recuperan los mercados.