El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, aprovechó ayer la firma de un convenio entre la Junta y la Diputación de Valladolid de inversiones para municipios de mil habitantes para reiterar, de nuevo, un “gesto” del Gobierno de España con el mundo rural con la puesta en marcha de un fondo extraordinario no reembolsable que gestionen los ayuntamientos y las diputaciones que sirva para la lucha contra la pandemia del COVID. “Es un clamor generalizado en la comunidad y esa deficiencia de atención por parte del Ejecutivo central debe ser subsanada más pronto que tarde”, sentenció.

El consejero aseguró que no se trata de una reclamación partidista por que es algo que está en el “sentir” de todos los ayuntamientos y diputaciones, con independencia del signo político. No en vano, recordó que ha sido una demanda de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), los ayuntamientos y las diputaciones.

En el mismo sentido, se pronunció el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, quien señaló que las entidades locales son las “grandes perjudicadas” en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 al no incluir los fondos de reconstrucción local, que se había prometido para delegar la gestión directa a los ayuntamientos y diputaciones. Calificó de “escaso” el 4,2 por ciento del total de fondos de recuperación europeos adjudicados, sin olvidar que han sido las únicas administraciones públicas que han garantizado los servicios públicos a sus ciudadanos sino que también han generado ahorros para mantenerlos en el futuro y no “hipotecar” a las próximas generaciones.

Íscar precisó que en la carta remitida al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, demandaba que las entidades locales pudieran participar de forma directa de los fondos europeos para la reconstrucción en, al menos, un 14,6 por ciento, que equivale al porcentaje del gasto público que representan estas administraciones, además de fijar el primer trimestre del año del reparto de los fondos del mecanismo de reconstrucción, recuperación y resiliencia. Además, aprovechó la comparecencia con el consejero de la Presidencia para urgir un plan de reconstrucción local por valor de 3.000 millones de euros, que fue prometido en 2020 por el Ministerio de Hacienda, y la presentación de un proyecto de ley para la modificación del actual sistema de financiación local, para incrementar la participación de las entidades de los ingresos del Estado en una cuantía suficiente para compensar la “deficiente” financiación que sufren históricamente y dotar a los ayuntamientos y diputaciones de las herramientas y medios humanos necesarios para la gestión de los fondos europeos. Y que el presidente de la Diputación consideró que combatir la crisis del COVID precisa de un trabajo conjunto y leal entre todas las administraciones.