Las Cortes de Castilla y León aprobaron ayer una PNL, a propuesta del Grupo Popular y con los votos de Ciudadanos y parte del Grupo Mixto, que insta a la Junta a dirijirse al Gobierno central para que “respete y garantice la autonomía y suficiencia financiera de las entidades locales” y a rechazar el acuerdo suscrito entre el Ejecutivo y la Federación Española de Municipios sobre cesión de remanentes de tesorería de las entidades locales. En su exposición de motivos, el popular Salvador Cruz aseguró que “hubiera no preferido presentar esta iniciativa”, pero “desgraciadamente Sánchez pactó con los alcaldes socialistas un acuerdo que con toda seguridad no será convalidado por el Congreso porque ha conseguido aunar a todas las fuerzas políticas”.
En este punto, citó cinco motivos que “ponen de manifiesto el rechazo del acuerdo”. En primer lugar, dijo, “rompe el consenso en la FEMP con todas las fuerzas políticas”; en segundo, “aúna a 13 formaciones políticas distintas y a más de 30 alcaldes de grandes ciudades; “supone una coacción al conjunto de las corporaciones locales, porque solo pueden acceder a los fondos si ceden ahora los remanentes”; “genera ayuntamientos de primera y segunda categoría porque los que tengan déficit no pueden acceder”; y porque “no resuelve el destino del superávit y remanentes para hacer frente a gastos del COVID”.
La propuesta del PP contó con el apoyo de Vox, cuyo procurador, Jesús García-Conde, aseguró que “nunca antes se había vivido un ataque contra la autonomía financiera local”. También la respaldó el procurador leonesista Luis Mariano Santos. También votó a favor Ciudadanos. La procuradora socialista Virginia Barcones fue la encargada de defender el acuerdo entre el Gobirno y la FEMP. “La derecha no está en ayudar a los vecinos, sino en demagogia y la deslealtad”, dijo.
