La Junta de Castilla y León y los agentes económicos y sociales del Diálogo Social acordaron ayer iniciar en septiembre las mesas de negociación y alcanzar nuevos acuerdos, según informaron hoy fuentes de la Consejería de Empleo e Industria, que destacaron que entre los asuntos más urgentes figura el Plan de Choque por el Empleo y el acuerdo para el reparto de los 20 millones de euros del Fondo Extraordinario COVID-19, comprometido en el Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social.
El acuerdo se llevó a cabo ayer durante la reunión entre la consejera de Empleo e Industria, Carlota Amigo, y los representantes de Cecale, CC OO y UGT. De esa forma, el Gobierno autonómico está recogiendo ya propuestas de la patronal y los sindicatos, así como de la Federación Regional de Municipios y Provincias, para determinar la finalidad y asignación de estos recursos entre las entidades locales, por lo que la consejera confía en tener definido el programa en un mes.
Además, otro de los temas prioritarios será la concreción del Plan de Choque por el Empleo, que constituye otro de los puntos del acuerdo de comunidad suscrito por el jefe del Ejecutivo autonómico y los portavoces parlamentarios de PSOE, PP, Ciudadanos, Podemos y Por Ávila. Se trata de definir nuevas líneas de apoyo a empresas, autónomos y trabajadores, ajustadas al escenario económico y social, que sean capaces de dar respuesta a las demandas y necesidades del tejido productivo y del mercado laboral de Castilla y León.
Por otro lado, los integrantes del Diálogo Social manifestaron ayer su disposición para comenzar a actualizar los planes y programas de impulso al desarrollo económico y social de la comunidad, cuya vigencia expira este año. En esa lista se incluyen la Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo; el Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Industrial o el Plan Director de Promoción Industrial, entre otros.
En ese sentido, a la reunión con los agentes del Diálogo Social, se incorporaron con posterioridad representantes de Asaja, UPA y UCCL. Ante su preocupación por la situación de los temporeros, la consejera les trasladó la implicación del Servicio Público de Empleo (Ecyl), que en cada campaña intensifica la intermediación procurando conjugar las necesidades de empresas y trabajadores agrarios.
