Los sindicatos piden test masivos para docentes antes del inicio del curso escolar en Castilla y León

Un cribado masivo antes del inicio del curso "daría más tranquilidad", ha afirmado este miércoles en Valladolid la responsable autonómica de Educación en CSIF, Isabel Madruga, quien ha precisado que los test sólo se hacen de forma voluntaria a quienes los solicitan y a través de las mutuas".

"No son fiables al cien por cien pero es una medida que está ahí y la tienen que cumplir", ha añadido durante una rueda de prensa conjunta de todos los sindicatos representados en la Mesa Sectorial de Educación (CSIF, STECyL, ANPE, UGT y CC.OO) para pedir a la Junta de Castilla y León más diálogo, recursos y medios sanitarios.

El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, "anunció que habría test para todos los empleados públicos de Castilla y León, no ha sido algo nuestro", ha recordado a este respecto Elena Calderón (CC.OO).

Todas las organizaciones sindicales han expresado su preocupación por la falta de medios y recursos para poder cumplir los protocolos sanitarios establecidos por la Consejería de Educación para el curso escolar 2020/2021, publicado antes de la proliferación de brotes tanto en Castilla y León como en comunidades autónomas vecinas.

De forma especial, ante este nuevo escenario y con un mes de vacaciones por delante que podría recrudecer la pandemia a través de nuevos focos, además de las pruebas PCR han exigido para los docentes equipos de protección individual (EPIs) y "una regulación clara de la docencia digital", en palabras de Elena Calderón.

De esta regulación depende en buena medida la salud laboral del profesorado que pretenden defender ante riesgos como la "sobrecarga de trabajo físico y psicológico" y "un desgaste mayor de la voz por el uso de la mascarilla", sin menoscabo de disposiciones sanitarias relacionadas con la desinfección de las clases y espacios comunes como los comedores, talleres, laboratorios y aulas de informática.

"Estamos preocupados por la falta de medidas para cumplir los protocolos sanitarios y minimizar el riesgo sobre la salud del profesorado del alumnado", ha abundado Jesús González (UGT), temerosos de que todas las normas de seguridad y prevención "recaigan sobre el personal directivo y docente" porque "nos jugamos mucho en este principio de curso: es una cuestión de salud pública".

Por todo ello, González ha reclamado una mayor inversión en el personal de limpieza, la flexibilidad de las horas lectivas mediante su reducción y la adaptación a la situación de pandemia de las actividades extraescolares.

Criterios homogéneos en todos los centros educativos, sin distinciones entre el medio rural y urbano, ha demandado Christina Fulconis (STECyL-i), "un Plan B" ante un posible retorno al confinamiento y la docencia a distancia porque "la situación es muy compleja", ha puntualizado con el ejemplo de un caso positivo este verano en un alumno que asistía a una clase de mejora académica.

Esa necesidad de un "modelo compartido por todos" ha subrayado también Pilar Gredilla (ANPE), quien se ha hecho de algunos datos de la encuesta elaborada por la Mesa Sectorial de Educación entre el 10 y el 24 de julio entre personal directivo y docente que han respondido unos 300 centros educativos públicos de los 980 existentes en Castilla y León.

Más del 87 por ciento de los encuestados considera que carecen de medios adecuados para el retorno a una docencia a distancia; el 93 cree que hay que regular el teletrabajo docente; el 84 es partidario de regular la desconexión digital en la enseñanza online; y casi el 85 por ciento aprecia la necesidad de profesionales sanitarios en los centros.

El 90,7 por ciento de los consultados no se cree capacitado para detectar un posible caso de Covid, y casi el 80 por ciento desea reducir el horario lectivo para reforzar una vuelta segura a las aulas, los docentes desde el 1 de septiembre y los alumnos de forma gradual, según las etapas educativas, a partir del 8 del mismo mes.